Y si inoportuno fue para algunos que hablase de la gobernanza mundial, no menos lo fue que recuperase el debate sobre la fiscalidad. Resulta curioso. En estos tiempos de crisis, que tantas dificultades están provocando a muchas de nuestras familias, el que haya quien quiera coartar la discusión sobre un asunto tan fundamental para la ciudadanía sólo puede entenderse desde una limitada visión de nuestra estructura administrativa.

En primer lugar, porque es falso que el Gobierno Vasco carezca de competencias en este asunto. Nunca he negado que la regulación de los tributos concertados y su recaudación corresponde a los órganos de los territorios históricos. Pero la coordinación y armonización tributaria corresponde a este Parlamento y, como emanación de él, al Gobierno vasco.

Así lo establece el Estatuto de Autonomía en su artículo 40; la Ley del Concierto Económico en su artículo 2.3; la LTH, que tanto gusta al PNV, en su artículo 14; y la Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal de 1989 que los desarrolla y concreta. Ya sé que esta última ley gusta mucho menos a los foralistas, pero es tan hija del Parlamento vasco como la Ley de Territorios Históricos, y está en vigor.

Habría que recordar también que en 1998, el entonces vicelehendakari Juan José Ibarretxe fue quien lideró desde el Gobierno la reforma del IRPF, y hasta presentó en público el proyecto de norma que remitieron las Diputaciones a las Juntas Generales respectivas. Que yo sepa, ninguna de las tres Diputaciones se quejó de que el Gobierno vasco se inmiscuía en sus competencias.

¿Pero es que el Gobierno está ilegítimamente o de okupa en el Órgano de Coordinación Tributaria creado por la ley de 1989? Una ley, por cierto, que obliga a las Diputaciones Forales a ejecutar “planes de inspección conjuntos” (artículo 13) y a “establecer la intercomunicación técnica necesaria”. La coordinación en la lucha contra el fraude fiscal es una obligación legal. No digo que no se esté persiguiendo el fraude y la elusión fiscal: digo que se puede hacer más. Entre otras cosas, coordinar esfuerzos. ¿Por qué tanta resistencia a hacerlo, cuando es, además, una exigencia de la legalidad vigente?

El fraude fiscal es la mayor ruptura de la solidaridad en nuestra sociedad. Nos cuesta tanto como todo el sistema de educación vasco. Luchar contra él de forma conjunta y efectiva es, más que una obligación, un deber moral.

Pero no quiero alargarme más en este asunto. Lo realmente importante es que el debate fiscal está por fin asentado en Euskadi, que la gran mayoría de fuerzas políticas y sindicales queremos discutir sobre este tema y que tenemos por fin la oportunidad de hacer las reformas necesarias para establecer un sistema tributario más justo, progresivo y eficiente.

Tenemos que decidir qué país queremos y cómo lo sostenemos. Necesitamos una fiscalidad suficiente para mantener el Estado de Bienestar, pero, sobre todo, para hacer más justo el reparto y que paguen más los que más tienen.

Y me gustaría poder discutir en el Parlamento Vasco estas cuestiones, por ser el máximo órgano de representación de la sociedad vasca. Que cada grupo traiga sus diferentes modelos y propuestas fiscales, que las Diputaciones Forales estén también presentes y que, entre todos, establezcamos un nuevo modelo fiscal.