La crisis está creando situaciones dramáticas en muchos de nuestros hogares. Dramas individuales que, sin embargo, nos interpelan al conjunto de la sociedad, en la medida que atacan a la línea de flotación de nuestra cohesión social. Y entre todos ellos, quizá uno de los más acuciantes sea el de los desahucios.

Hace ya un año, en la apertura del año judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco apeló a la necesidad de hacer frente a este problema de forma urgente.

Desde el Gobierno cogimos el guante y nos pusimos a la tarea. Decidimos crear un Servicio de Mediación Hipotecaria para dar respuesta, desde las instituciones, a esta realidad. El servicio ha parado desalojos, subastas de pisos y, sobre todo, ha logrado dar confianza a personas que se han visto atrapadas en la crisis con créditos hipotecarios que, por circunstancias derivadas de ella, no pueden pagar.

Un centenar de ciudadanos y ciudadanas han confiado ya en este servicio, público y gratuito, del Gobierno Vasco, en estos escasos cinco meses que lleva en funcionamiento.

Las instituciones, estamos para resolver problemas, no para crearlos. Y por eso, ahora, hacemos nuestra la propuesta surgida desde la propia magistratura vasca para proteger a los desempleados que no pueden hacer frente a sus hipotecas, de la posibilidad de desahucio. Hoy mismo he anunciado que vamos a impulsar cuantas iniciativas (incluso legislativas) sean necesarias para que aquellas personas en paro que se vean imposibilitadas para pagar las hipotecas de sus viviendas habituales, no puedan ser desalojadas de sus casas.

Con dinero público hemos ayudado a los bancos. Corresponde ahora a los bancos hacer un esfuerzo para que ningún ciudadano o ciudadana se vea necesitado de rescate.

No podemos permitir que nadie se quede en la calle. Los ciudadanos no son hipotecas impagadas andantes, son sujetos de derechos y deben ser objeto de políticas públicas que les impidan caer en la marginación, la pobreza o el desarraigo.

En eso debemos centrar los diferentes poderes nuestra labor. Es nuestra obligación ética, es nuestra obligación moral y es también nuestra obligación democrática hacerlo así. Y me alegro de que podamos compartir, no sólo objetivos, sino respuestas y actuaciones tendentes a conseguirlo.