Por segunda vez en pocos días, me veo obligado a escribir sobre el escandaloso asunto de la corrupción que copa todas las portadas de nuestros diarios. Si hace dos semanas decía que esta escalada insoportable parecía no tener fin, las revelaciones de El País sobre la supuesta contabilidad B que manejaba el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, superan con creces los augurios más negros a los que apuntaban las primeras informaciones.

Uno se queda sin palabras ante tanto desatino. Este caso hace tiempo que cruzó todas las fronteras de la decencia. Y ya no es suficiente con que una portavoz del partido salga a negar los hechos (con una arrogancia excesiva, por cierto). Es el presidente del Gobierno y máximo responsable del PP, Mariano Rajoy, quien debe dar la cara y a poner luz sobre un asunto que no cuestiona sólo la legalidad de las cuentas del partido, sino que está arrojando dudas sobre el normal funcionamiento de nuestro sistema democrático.

¿Son reales esos listados de pagos no declarados? ¿Financiaban de forma ilegal algunas empresas al PP? ¿Y qué obtenían éstas a cambio? Demasiadas preguntas ante las que casi no hace falta ni respuesta, como tampoco a la primera: ¿Mintió el PP al negar, ante las primeras revelaciones, que hubiera pagado sobresueldos?

Desde el respeto a la presunción de inocencia, la contundencia de las informaciones es tal que se requiere algo más que el mero desmentido de los hechos.

No, señora Cospedal. No es el PP el que se siente atacado. Es el sistema democrático el agredido por prácticas que echan por tierra la ejemplaridad que se nos exige a los políticos.

Resulta insultante que la secretaria general del PP, en lugar de aclarar las serias dudas que sobrevuelan sobre su partido, se dedicase a atacar a la oposición, intentando así tapar su propio problema.

Rajoy tiene que responder y tiene que dar explicaciones ya. Por respeto a la ciudadanía y por el bien de un Estado de Derecho, tiene que sacar de una vez la cabeza del agujero.

Que nadie piense que los Socialistas nos encontramos cómodos en el azote a la bancada de enfrente. Creo, sinceramente, que debemos dar una respuesta a la exigencia de transparencia que nos reclama la ciudadanía. Porque cuando el sistema democrático toma el camino de la deslegitimación, puede acabar dirigido sin remedio hacia salidas antidemocráticas.

Tenemos que tomar medidas, medidas audaces que alejen toda sospecha del ejercicio de la política. En mi anterior post planteé algunas iniciativas en este sentido.

Pero no basta sólo con abrir las ventanas de nuestras organizaciones y desnudarnos ante la opinión pública. Hace falta establecer mecanismos legales que permitan un mayor control de nuestras cuentas y la persecución de los infractores. Hace falta dotar de mayores competencias a los Tribunales de Cuentas Públicas para que revisen la evolución del patrimonio de un político (sea cargo orgánico o institucional), desde que accede al cargo hasta que lo deja. Hace falta una aplicación rigurosa del Código Penal para que no haya quien se enriquezca a costa del erario público y después se vaya de rositas.

Los Socialistas Vascos estamos comprometidos a seguir avanzando en medidas que aumenten la transparencia y el control de nuestras actividades. Se irá viendo en las próximas semanas.

Pero debe ser éste un compromiso conjunto que asumamos el conjunto de los partidos políticos.

No es el tiempo de las medidas unilaterales. O todos nos implicamos en levantar un muro contra estos desmanes o, de lo contrario, el tsunami del descrédito nos llevará a todos por delante.