Este rosario de casos de corrupción que no cesa y parece no tener fin es ya insoportable para todo el mundo, particularmente, para las personas que defendemos la noble tarea de la gestión de la cosa pública.

No es sólo una cuestión de casos particulares, de personas inmorales que se apropian de forma ilegal de dinero ajeno; es algo más grave porque afecta a la credibilidad y la legitimidad del propio sistema democrático. Y en una coyuntura en que muchas familias están pasando una situación dramática, estas situaciones resultan especialmente escandalosas.

Estamos viendo que la corrupción va por barrios; más por unos que por otros. Pero buscar consuelo en el mal ajeno no es la solución; el “y tú más” sólo añade barro al barro.

Es hora de tomar medidas claras y contundentes para atajar este tipo de conductas. Y a la hora de buscar soluciones, me acuerdo de un dicho de los socialistas vascos de la época de la República: “Zintzoena aukeratu eta lapurrik handiena legez zaindu”: escoger al más honrado y vigilarlo como al más ladrón.

El camino es depurar las responsabilidades sin miramientos y poner los medios para que no vuelvan a repetirse. Y también reivindicar la nobleza de la política y de los políticos. La salida populista de reducir la retribución pública de los políticos a niveles ilógicos es equivocada y agrava el problema. Que un ministro del Gobierno de España cobre un sueldo inferior a 70.000 euros anuales no soluciona nada, sino todo lo contrario, crea nuevos problemas. Dificulta que los buenos profesionales decidan dedicarse a la gestión pública y fomenta la búsqueda de corruptelas.

Creo que el camino es la austeridad de los partidos políticos, la transparencia y el control ciudadano.

El uso de los fondos públicos tiene que ser absolutamente transparente, de forma que cualquier ciudadano pueda acceder a toda la información. Que pueda ver cómo se gasta el dinero de su Ayuntamiento o Gobierno: controlar por sí mismo cuáles son las empresas adjudicatarias y qué facturas presentan.

En la etapa del Gobierno Socialista de Euskadi hemos puesto en marcha iniciativas para la transparencia reconocidas por organizaciones independientes: hemos hecho públicas todas las adjudicaciones, toda la información económica. Hay que seguir por este camino.

Pero no es suficiente: Los que nos dedicamos a la política debemos adoptar medidas extraordinarias de control y transparencia para recuperar la credibilidad ante la ciudadanía.

Propongo, en primer lugar, que todos los cargos públicos publiquen anualmente en Internet su patrimonio personal de forma detallada, de manera que se pueda comprobar su evolución.

Propongo que, a través de cambios legales, se aparte automáticamente de su responsabilidad, pública u orgánica, a cualquier imputado por un caso de corrupción y que, en caso de ser declarado inocente, pueda ser, también automáticamente, restituido en su cargo. Porque tampoco podemos caer en una especie de caza de brujas en la que, con la simple acusación, se permita al adversario político deshacerse de su oponente.

Es hora de hacer un esfuerzo para que la ciudadanía vuelva a creer en nosotros. Es tiempo de hacer limpieza también; los cargos que no estén dispuestos a la total transparencia deben abandonar la cosa pública. No es una cuestión de legalidad, es necesidad ética frente a la ciudadanía.

La época de la extorsión terrorista ya ha pasado: ya no hay razones extraordinarias para limitar la transparencia del patrimonio personal de los cargos públicos. Los cargos públicos debemos aceptar algunas restricciones que no son exigibles al resto de la ciudadanía.

Y dicho esto, quiero referirme a una cuestión que parece no importar demasiado. El ladrón es un delincuente; el que ayuda y ampara al ladrón, un cómplice; y el que hace negocio de la ayuda al ladrón, un delincuente especialmente inmoral.

Me estoy refiriendo a los paraísos fiscales y a las instituciones financieras opacas que se niegan a dar la información a las haciendas nacionales. Al final, detrás de todas las tramas de corrupción, aparece el negociante inmoral, las cuentas numeradas opacas en bancos extranjeros.

Esto no puede ser: debemos tomar medidas para que no pueda ser. Hoy hemos aceptado la globalización, el movimiento casi instantáneo de capitales por el mundo gracias a las nuevas tecnologías que lo hacen posible. Reclamo utilizar esa misma tecnología para el control ciudadano. Porque si son eficaces para lo uno, deben serlo también para lo otro. Mientras haya entidades y países que den amparo al ladrón y hagan negocio de ello, nunca vamos a poder terminar con esta lacra.

Hay que imponer medidas de control. Todas las entidades financieras extranjeras deben tener la obligación de informar a las haciendas de los distintos países de los fondos depositados en ellas por titulares de su nacionalidad. Y si se niegan, debemos actuar con contundencia.

Debemos prohibir toda transacción económica con países en los que sus entidades financieras se nieguen a dar información las haciendas públicas. Porque la opacidad de algunos países rompe de forma radical la libre concurrencia de las entidades financieras y da cobertura al crimen económico.

Es hora de hablar claro y de proponer medias audaces. No puede ser que se denuncie la corrupción y se defienda a los que la hacen posible y la encubren. Las entidades y países que hacen negocio de la corrupción ajena deben quedar aislados del mercado financiero: deben escoger entre amparar a los delincuentes o jugar con las mismas normas que los demás, colaborando en la lucha contra la corrupción y el fraude.

Sé que más de uno pondrá el grito en el cielo. Que aportarán un sinfín de argumentos económicos. Vale, pero  que contesten: ¿Quién está dispuesto a permitir que otros hagan de forma impune negocio con el fraude y la corrupción ajena?