Más de 100 razones para unir el PSOE 2017-04-03T13:00:24+00:00
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Más de 100 razones para unir al PSOE

La candidatura de Patxi López a la Secretaría General del PSOE responde a tres grandes motivaciones: ofrecer a los militantes socialistas un partido moderno, fuerte y unido, y ofrecer a los españoles una sociedad más justa y dar una solución a las tensiones territoriales

Para hacer de la sociedad española una sociedad más justa necesitamos más socialismo, y para hacer más socialismo necesitamos un Partido Socialista unido y fortalecido.

En consecuencia, la candidatura de Patxi López persigue desarrollar cuatro ideas.

Unir al PSOE

El primer reto es el de unir al PSOE, desde el entendimiento de la pluralidad, desde el ejercicio de la democracia, y desde el esfuerzo de la integración. Se trata de impedir el riesgo cierto que nos amenaza de confrontación interna.

Y no se une enfrentando a las bases con sus dirigentes ni exigiendo uniformidad a quienes piensan legítimamente distinto. Se une recuperando los valores de la fraternidad y de la lealtad, respetando las diferencias e incorporando a lo diverso en un proyecto común suficientemente motivador.

La militancia socialista ha sufrido la división interna durante los últimos tiempos como un drama desgarrador, y sus efectos sobre la credibilidad de nuestro Partido ante la sociedad española, incluso sobre la propia convivencia entre nosotros, están siendo muy graves. Es hora de poner fin a esta situación. Es hora pasar página y abrir un nuevo tiempo.

Pero no basta con proclamar la unidad. Hay que practicarla. Y la unidad es el resultado de una cultura democrática que ha sido tradicional en nuestra organización. La unidad se ejerce aceptando las diferencias internas. La unidad exige reconocer a todos los militantes igual legitimidad en la defensa de sus posiciones. Y la unidad se construye, sobre todo, asumiendo que tenemos que colaborar personas que aun defendiendo planteamientos diferentes, formamos parte todos y todas de un proyecto común.

El próximo Congreso del PSOE ha de servir para unirlo y no para dividirlo más; para que se nos acerque mucha más gente, y no para alejar a nadie.

El futuro del PSOE se conjugará en primera persona del plural: nosotros y nosotras, porque si lo hace en singular no tendrá futuro.

Un proyecto propio

La segunda idea consiste en definir para el PSOE un proyecto propio, que no necesita referirse a otros para identificar su espacio. Los socialistas no nos definimos como la muleta que atempera la gestión dolorosa de la derecha, pero tampoco nos consideramos una minoría más en una suma confusa de minorías de izquierda.

El Partido Socialista debe afirmarse en un proyecto autónomo, que aspira al respaldo de las mayorías, para gobernar y para hacer la revolución allí dónde Ramón Rubial nos enseñó que resulta más eficaz, en el Boletín Oficial del Estado.

Una izquierda exigente

Y la tercera idea es la de renovar nuestra propuesta para la sociedad española, desde una izquierda nítida y transformadora. Se trata de volver al socialismo, a un proyecto de izquierdas, abierto pero exigente, moderno pero sin ambigüedades, responsable pero valiente.

Un socialismo de hoy para la España de hoy. Para plantar cara a los problemas de hoy y abordar el futuro con garantías. Para no resignarse ante las injusticias. Para no responder a las injusticias con parches o cataplasmas, que atemperan el dolor pero no curan la enfermedad. Un socialismo de hoy para hacer frente a las injusticias y vencerlas.

A los socialistas no nos corresponde recortar los recortes del PP, ni recetar analgésicos para soportar mejor las políticas injustas de la derecha. Pero tampoco podemos ser esa izquierda tan puramente destilada y tan extrema que resulta incapaz de generar confianzas mayoritarias. En otras palabras, entre Hollande y Corbyn nos quedamos con Martin Schulz, que ha multiplicado las expectativas de los socialistas alemanes con un proyecto de izquierda nítida, moderna, mayoritaria y eficaz.

Los socialistas contamos con una extraordinaria hoja de servicios ante la sociedad española. Las mejores conquistas colectivas de los últimos cuarenta años han llegado de la mano de los Gobiernos de Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero y de miles de gobernantes socialistas en comunidades y ayuntamientos.

Pero los militantes del PSOE no aspiramos a que nos otorguen medallas, y sabemos que los españoles no nos apoyarán por nuestras credenciales del pasado. Por eso proponemos un PSOE que encarne de nuevo las mejores esperanzas de futuro para España y para su ciudadanía.

Renovar el Pacto Social

La nueva esperanza consiste hoy en renovar el Pacto Social que la derecha ha quebrado con su gestión injusta de la crisis. Los españoles han cumplido su parte, confiando en las instituciones colectivas, participando de las reglas del mercado, esforzándose en su trabajo o en su formación. Pero la derecha ha roto la confianza de muchos en el sistema, buscando el máximo beneficio para una minoría, mientras condenaba a la mayoría a la pérdida de bienestar, a la desigualdad y al empobrecimiento.

Los nuevos fenómenos de la globalización y el avance tecnológico generan grandes oportunidades de desarrollo, pero también provocan incertidumbres y miedos, que la derecha utiliza para exigir resignación ante las injusticias, y que el populismo aprovecha para provocar conflictos estériles de los que obtener únicamente rendimientos electorales propios.

Corresponde al Partido Socialista ofrecer a las mayorías, una vez más, la esperanza de una sociedad más justa, próspera y segura mediante un nuevo Pacto Social. Y ese Pacto renovado debe proponer un desarrollo a la vez sólido, sostenible y justo, para crecer y repartir a un tiempo, para avanzar sin dejar a nadie atrás.

Resolver tensiones territoriales

Ese mismo Pacto Social debe incorporar la reforma federal necesaria para resolver las tensiones de nuestro modelo territorial, porque el desarrollo durante más de 38 años de nuestro Estado de las Autonomías ha dejado muchos éxitos y algunas dificultades importantes por superar.

En este sentido, el conflicto generado por el secesionismo en Cataluña debe afrontarse desde la defensa de la ley, desde luego. Pero eso no basta. Estamos ante un problema político que debe abordarse también desde la voluntad honesta para el entendimiento entre las partes enfrentadas.

Los socialistas somos los únicos que hemos puesto una solución encima de la mesa para superar el conflicto: la reforma consensuada de la Constitución en clave federal y la elaboración de un nuevo Estatuto catalán en coherencia con el nuevo marco institucional. La voluntad de la ciudadanía catalana se expresaría así mediante dos votaciones: con el resto de los españoles en la reforma constitucional, y en el referéndum propio para la aprobación del nuevo Estatuto.

Un nosotros progresista para una sociedad justa

La idea central sobre la que el socialismo ha de construir su nuevo proyecto es la idea de la Justicia, en contraposición a la idea de la injusticia o lo injusto. Injusta es una sociedad con desigualdades exacerbadas, en la que unos ganan mucho a costa de los que pierden demasiado. Y justa es una sociedad con garantías de que nadie es tan poderoso como para explotar a sus semejantes, y nadie es tan débil como para someterse a la explotación. Lo que separa lo justo de lo injusto son las reglas democráticas y los derechos de ciudadanía por los que lucha el socialismo.

El progreso económico global y el avance tecnológico ofrecen nuevas oportunidades de bienestar y de derechos para todos. Pero la sociedad se organiza de un modo demasiado injusto, y unos pocos reciben la mayor parte de las ventajas, mientras una mayoría acumula las desventajas. Lo justo es que la sociedad en su conjunto avance en igualdad y en libertad, en bienestar y en derechos, sin que los menos obtengan grandes beneficios a costa del sufrimiento de los más.

Un proyecto partidario se define por el sujeto que representa (partido viene de parte), por el objetivo que persigue, y por los principios que le guían. Hay otra manera de expresarlo: el quién, el qué y el cómo.

El nosotros progresista

El quién del socialismo en el siglo XXI es el nosotros progresista, la agrupación de los hombres y mujeres comprometidos con la Justicia. Esta agrupación está constituida por la mayoría de la ciudadanía que reivindica una sociedad más justa, desde la necesidad o desde la convicción, desde el sufrimiento o desde la exigencia moral.

Son los perdedores de la crisis, los que quedan marginados, los que se empobrecen día a día, los que no ven oportunidad, los que carecen de expectativa, los que sienten que les han robado el futuro… Y todos ellos junto a los que no se resignan a la injusticia y los que quieren luchar por una sociedad más justa. Es una agrupación entre generaciones, entre hombres y mujeres, entre rentas bajas y medias, entre urbanitas y rurales, entre digitales y analógicos.

El Pacto Social renovado

El qué del socialismo en el siglo XXI es un Pacto Social renovado que dé lugar a una sociedad más justa. El viejo contrato entre socialdemócratas y democristianos suscrito en la posguerra mundial proporcionó el periodo de mayor avance social y democrático de la historia europea. Pero ese contrato comenzó a cuestionarse por la ofensiva neoliberal del años 80, tras la caída del Muro de Berlín, se fue debilitando en un contexto de aceleración de la globalización económica, y se ha quebrado definitivamente tras la crisis del 2008 y la consolidación del capitalismo sin reglas.

Y un sistema político y económico que no proporciona ventajas sino perjuicios e incertidumbres a la mayoría es un sistema inviable. En consecuencia, el socialismo plantea un nuevo Pacto Social fundamentado en el impulso a los mercados abiertos, con reglas que embriden sus derivadas injustas, en una justa redistribución de las rentas generadas, en una economía más sostenible y en las garantías de igualdad, libertad y derechos sociales mediante políticas públicas eficaces.

La sociedad justa a construir requiere: una economía moderna y sostenible al servicio del empleo digno; una fiscalidad suficiente y progresiva que financie los servicios públicos garantes del bienestar social; un combate decidido y comprometido contra desigualdades y discriminaciones por razón de género, edad, ideología, procedencia o cualquier otra condición personal o social; unas instituciones democráticas abiertas a una participación más cercana y eficaz. El nuevo Pacto Social en España exige dos vectores transversales: la mejor educación como motor de equidad, de competitividad y de calidad democrática; y una Europa más integrada y democrática como dimensión factible para hacer realidad las mejores esperanzas de justicia global.

El socialismo democrático

El cómo del socialismo en el siglo XXI es el compromiso de transformación social mediante la representación de las mayorías y la acción del gobierno democrático. La transformación social requiere de nuevas reglas a establecer y nuevos derechos a conquistar y asegurar. La sociedad justa a la que aspira el socialismo no se alcanza desde el inmovilismo de la derecha, ni desde el liquidacionismo de los populistas, ni desde el ensimismamiento de los nacionalistas. La sociedad justa tampoco se logra desde la izquierda resignada, ni desde la izquierda analgésica, ni desde la izquierda pseudo-revolucionaria. La sociedad justa se logra desde la izquierda transformadora, inconformista, valiente y de gobierno.

El nuevo Pacto Social para una sociedad justa ha de contener desarrollos relativos a los siguientes aspectos:

  • El proyecto europeo y la globalización justa
  • La economía al servicio del empleo digno y el bienestar social
  • La educación como eje vertebrador de una sociedad justa
  • Los servicios públicos del Estado de Bienestar
  • La fiscalidad suficiente y justa
  • La preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático
  • La articulación de identidades territoriales en un Estado plural
  • De la igualdad legal a la igualdad real entre hombres y mujeres
  • La democracia de calidad y los derechos de ciudadanía
  • La lucha contra la corrupción

El nuevo relato del socialismo democrático consiste en la voluntad de transformar el sistema vigente en un sistema justo, para que el nuevo mundo que se abre paso de la mano de la globalización se salde con más igualdad y menos desigualdad, con más bienestar y menos pobreza, con más democracia y menos plutocracia.

El siglo XXI ha alumbrado un mundo en cambio, con la globalización de las relaciones económicas, la robotización/digitalización de los procesos productivos, y las nuevas demandas de participación democrática. A día de hoy, el saldo de estos cambios es un saldo injusto para las mayorías.

La competitividad se persigue en demasiadas ocasiones vía precarización laboral y vía devaluación de las políticas públicas para el bienestar social. La robotización genera ganancias de productividad que no se traducen en un mejor reparto del empleo o en financiación para prestar servicios a las personas o el medio ambiente, sino en paro y en precariedad crecientes. Las desigualdades, el empobrecimiento y la falta de respuestas eficaces aceleran el descrédito de las instituciones democráticas y facilitan el camino a los populismos liquidacionistas y a los nacionalismos exacerbados.

La mejor respuesta a la globalización injusta no llegará de quienes defienden el sistema vigente, ni de quienes quieren liquidarlo. La mejor respuesta para las mayorías llegará desde el socialismo transformador, que recoge lo mejor de la tradición socialdemócrata europea actualizada a los nuevos tiempos.

Los socialistas hemos de plantear transformaciones valientes y de fondo, pero realistas, para lograr una globalización justa. Una globalización justa es una globalización sometida a reglas democráticas, que genere prosperidad para todos y no solo para unos pocos, y es una globalización que asegura derechos y libertades a las mayorías.

Las reglas democráticas implican un mayor empoderamiento de la política para gobernar los procesos económicos estatales y supraestatales, además de un empoderamiento de la ciudadanía para el ejercicio de una democracia más abierta, más transparente, más participativa y más limpia.

La garantía de los derechos y libertades de las mayorías implica la articulación y financiación de políticas públicas que aseguren condiciones de trabajo dignas, salarios suficientes, igualdad de oportunidades, servicios públicos para el bienestar social y lucha contra la pobreza y la marginalidad social.

La respuesta socialista a la crisis sistémica

El análisis más correcto sobre la situación de partida ha de reconocer una crisis sistémica en el modelo político y socio-económico vigente, que debe tratarse tanto en términos de riesgo como en términos de oportunidad para la transformación. Las consecuencias de la crisis económica de 2008 han precipitado un cuestionamiento muy general del sistema.

Se produce una crisis de eficacia, que afecta al propio pacto de ciudadanía: si el sistema no proporciona soluciones en el presente ni seguridades en el futuro, el sistema es cuestionable. Hay también una crisis de dimensión, por cuanto la ciudadanía es cada día más consciente de que los instrumentos de la política democrática tienen una dimensión eminentemente estatal para afrontar unos desafíos que son de carácter supraestatal o global (desde el dumping empresarial a la elusión fiscal, pasando por el cambio climático, las migraciones o el terrorismo).

En España se suma una crisis de legitimidad en buena parte de la representación democrática, a cuenta de la sucesión de escándalos por corrupción política. Se da también una crisis de participación, por cuanto los actores llamados a encauzar las demandas de participación política no aciertan a abrir y actualizar suficientemente sus organizaciones.

Y hay una crisis evidente de los valores clásicos de la política como acción orientada al bien común. La política del día a día se ha simplificado, se ha “espectacularizado” y se ha reducido, a ojos de la mayoría, a una sucesión de conflictos partidarios o intrapartidarios sin relación con las necesidades de la ciudadanía. La política inspira poco y no emociona nada.

Entre las resistencias inmovilistas y la eclosión de los cambios necesarios, se está colando la anti-política de los populismos, los hiper-nacionalismos y los separatismos. No ofrecen respuestas coherentes ni viables a los problemas, pero sirven como cauce de expresión para la protesta, la frustración y la ira de muchos ciudadanos. Y entrañan serios riesgos de retroceso en calidad democrática y en la viabilidad de los sistemas de protección de derechos y libertades.

Defender la política democrática

El socialismo ha de defender la política democrática, como herramienta destinada a organizar el espacio público compartido conforme a la voluntad, la participación, los valores y los intereses de las mayorías. Y ha de defender una política transformadora eficaz y realista. Con una dimensión crecientemente europea y global. Desde los valores progresistas de la mayoría, que son los valores de la igualdad, de la libertad y de la justicia. Con una dimensión utópica que ayude a emocionar y movilizar a esas mayorías en una acción colectiva de futuro.

El socialismo constituye un proyecto político autónomo, tanto en su formulación como en su gestión. No obstante, el socialismo siempre ha estado abierto a las alianzas que contribuyan a alcanzar metas comunes desde principios y formas democráticas compatibles. La alianza prioritaria para el socialismo español es la alianza imprescindible con los demás partidos socialistas europeos, para definir y materializar un proyecto transformador con dimensión continental.

La alianza necesaria para los socialistas es la alianza con la sociedad articulada mediante propósitos y estrategias coincidentes con los propios. Y son alianzas interesantes para la socialdemocracia aquellas que pueden llevarse a cabo tras el voto de la ciudadanía, bien para contribuir a la conformación de gobiernos viables o bien para impulsar tareas eficaces de oposición.

El socialismo renovado mantiene como fundamentos las ideas de justicia, igualdad, libertad y democracia. Y sus grandes adversarios ideológicos son: el neo-liberalismo, que sacrifica la justicia por el mercado libre; el neo-nacionalismo, que desprecia la igualdad por la preminencia nacional; el neo-populismo, que ignora la libertad por la búsqueda del poder; y el neo-autoritarismo, que quiebra la democracia por el ejercicio de la autarquía.

Las respuestas para España

El debate hasta el Congreso del PSOE va a ser un debate largo. Además debe ser un debate limpio y un debate sobre los temas que importan. Hay muchas personas mirándonos y hay muchas expectativas depositadas en nosotros y en cómo resolvamos este Congreso. No podemos defraudarlas. Hay que estar a la altura.

Un debate limpio es un debate sin una descalificación y sin un reproche entre compañeros. Lo hemos dicho muchas veces: si nos gritamos entre nosotros, nadie nos escuchará fuera. Si nos descalificamos entre nosotros, nadie confiará en este partido.

Un debate limpio, por tanto, y un debate de altura, grande, enriquecedor. Estamos en un momento importante, no solo para el PSOE, sino para la socialdemocracia y la izquierda en general. Por la profundidad de los cambios en marcha, por la magnitud de los desafíos que se nos presentan por delante. Y los socialistas españoles no podemos hacer un debate pequeño, sobre tal o cual persona, sobre quién hizo tal o cual cosa en el pasado… Los socialistas españoles tenemos que participar y ser protagonistas en los grandes debates de la izquierda.

Las primeras respuestas deben atender a las primeras preocupaciones de los españoles, a los problemas más inminentes, a los retos más decisivos.

Primero, el empleo

Si la prioridad de los españoles es el empleo, esa debe ser también la prioridad de los socialistas. Pero no cualquier empleo. Defendemos los buenos empleos, porque la derecha ha intentado convencernos de una falacia: que la única manera de crecer y crear empleo pasa por recortar salarios y derechos. No es verdad. Las economías más sólidas son las que mejor preservan la calidad de sus empleos y los derechos de sus trabajadores.

No valen medias tintas ante la reforma laboral del PP. Hay que tumbarla. Porque hoy tenemos un paro terrible por su magnitud, el más alto de Europa tras Grecia. Porque hoy tenemos un paro inasumible que afecta a casi la mitad de nuestros jóvenes, y que les empuja a buscarse la vida de cualquier manera en otros países. Porque hoy tenemos un paro que afecta a más de dos millones de desempleados de larga duración, muchos de ellos mayores de 45 o 50 años, y con pocas esperanzas ya de recuperar un trabajo que les permita recuperar la dignidad de ser y de sentirse activos, aptos, útiles para la sociedad y para sus familias.

Pero es que, además, tenemos un empleo cada vez más explotado y peor pagado. Falsos contratos a tiempo parcial, que se firman por tres horas, se trabajan por diez y se cobran mal y en negro. Falsos autónomos obligados por el patrón a pagarse sus propias cotizaciones a la Seguridad Social y a renunciar a fines de semana o vacaciones retribuidas. Falsos becarios a los que obligan a trabajar como cualquier otro trabajador pero sin cobrar el salario que corresponde a un trabajador.

Hay que tumbar la reforma laboral, recuperar la fortaleza de la negociación colectiva, restableciendo la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, dotar a las empresas de mecanismos de flexibilidad para adaptarse desde el acuerdo y no la imposición, recuperar la capacidad del trabajador para negociar su salario y su jornada en igualdad de condiciones con el empresario, aplicar el principio de igual trabajo-igual salario para las mujeres y para los trabajadores subcontratados. También hay que impulsar las políticas activas, la formación para el empleo y la eficacia de los servicios públicos de empleo. Y hemos de recuperar una cobertura digna en prestaciones públicas para los desempleados, como mínimo al nivel de 2011.

Todo ello en un nuevo Estatuto de los Trabajadores, negociado con los agentes sociales y los grupos políticos. Crecimiento sí. Competitividad sí. Pero no a costa de los derechos de los trabajadores.

Un modelo económico coherente y creíble

Uno de los desafíos más importantes del Partido Socialista hoy es el de ofrecer un modelo económico coherente y creíble, en línea con sus aspiraciones de justicia, pero de aplicación viable y eficaz. Nuestra primera propuesta es la de recuperar el gobierno de la política sobre la economía, para que el recetario económico responda a los intereses colectivos, y para que los intereses colectivos no se sometan a la ortodoxia económica más ultraliberal.

Se puede apostar por una economía que compita por innovación y por calidad, antes que por salarios bajos e impuestos reducidos. Se puede aumentar la inversión pública contracíclica, en el marco europeo, para estimular la demanda y generar así actividad y empleo. Se pueden aumentar los ingresos fiscales de manera progresiva y justa, entre los que más tienen y, sobre todo, entre los que más esconden.

Se puede impulsar una transición energética que reduzca nuestras emisiones de CO2 al tiempo que genera empleo y riqueza. Se pueden aplicar políticas que favorezcan la reindustrialización del país. Incluso se puede aprovechar la propiedad pública en algunos bancos y la existencia del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para impulsar una banca pública solvente y bien gestionada, que acompañe inversiones estratégicas para el país.

El socialismo ha de apostar por la economía del conocimiento. La clave para prosperar en esta economía global ya no está en la posesión de las materias primas, ni en la posición geoestratégica, como antaño. La clave para competir y para prosperar se llama hoy creatividad, innovación, talento, conocimiento. O se compite con talento o se compite con salarios bajos, como busca la derecha en España.

Los socialistas apostamos por la economía del conocimiento y esto requiere un gran esfuerzo para promover la educación, la formación y la cultura, con calidad y con igualdad de oportunidades. Requiere también políticas para extender la digitalización a todos los rincones y sectores del país, al tiempo que se abordar la nueva brecha digital entre las ciudades y el mundo rural, entre jóvenes y mayores, o entre grandes y pequeñas empresas. Esta es la mejor política económica. Este ha de ser nuestro valor añadido. Este es el futuro para España a conquistar hoy. Educación, educación y educación.

Hay más claves para una economía sólida, competitiva y justa. Un mercado bien regulado con una competencia abierta y sana, que ponga fin a los oligopolios ineficientes. Una administración pública transparente y eficaz, que aporte seguridad jurídica. Unas infraestructuras bien dotadas. Una estrategia transversal y ambiciosa de digitalización para la economía y para el conjunto de la sociedad. Un empeño bien planificado para impulsar el aumento de tamaño y la internacionalización de las empresas. Un apoyo decidido a la ciencia, la investigación y el avance tecnológico.

Y una estrategia clara a favor de la transición energética, para asegurar a toda la ciudadanía el acceso a la energía a precios asequibles, para ganar competitividad vía abaratamiento de la factura eléctrica, para evitar los episodios de pobreza energética que nos abochornan, para reducir nuestra dependencia externa de los combustibles fósiles, para promover un mix energético con preponderancia progresiva de las energías renovables. Ni un corte de luz más por razones de vulnerabilidad social, ni un repunte abusivo e inexplicable más en los precios a pagar por las familias. Hace falta mucha transparencia más y mucha competencia más en el mercado energético español.

Nuestro país tiene en la revisión de su modelo fiscal una asignatura pendiente. Resulta contradictorio aspirar a las políticas públicas de los países más avanzados socialmente, mientras nuestros ingresos públicos en relación al producto interior se mantienen muy por debajo de aquellas referencias. No podemos renunciar al objetivo de converger a medio plazo con la media europea en porcentaje de ingresos públicos sobre PIB. El nuevo modelo fiscal español ha de atender a los principios de la suficiencia, la progresividad, la estabilidad y la pertinaz persecución del fraude y la evasión.

La suficiencia y la progresividad se logran aumentando la presión fiscal sobre la riqueza y tapando las rendijas por las que se escapa la tributación de las grandes empresas y rentas altas. Y el fraude se persigue con cultura fiscal, con pedagogía y, sobre todo, con una legislación más rigurosa y unos medios reforzados en los servicios de inspección y persecución de las irregularidades. Nuestro modelo fiscal debe atender también a los objetivos de la preservación ambiental y el combate al cambio climático, con los estímulos y las penalizaciones adecuadas. Una fiscalidad justa es hoy una fiscalidad verde.

Desarrollo sostenible

El cambio de modelo productivo a plantear por el Partido Socialista debe tener como gran referencia el desarrollo sostenible, para que el crecimiento presente no se produzca a costa del patrimonio natural a preservar para las generaciones futuras. Un crecimiento verde, con una fiscalidad verde y una transición energética verde. Impulsar las políticas contra el cambio climático, asegurar el acceso equitativo y sostenible al agua, proteger la biodiversidad, prevenir la contaminación, fomentar el transporte público y la eficiencia energética, y reducir residuos han de ser otras prioridades en nuestra política ambiental.

Los servicios públicos del bienestar

La seña de identidad más relevante del PSOE es su defensa de los servicios públicos que sostienen el Estado de Bienestar, para asegurar la igualdad radical de oportunidades y para evitar el aumento de la exclusión social. Y lo debe seguir siendo, pero en una actitud menos defensiva y más garantista. Las políticas públicas de educación, de sanidad, de servicios sociales y de atención a las personas dependientes no son una “carga” difícil de sostener para el Estado, como plantea la derecha, sino la base misma de aquel Pacto Social y la principal legitimación de nuestro sistema democrático.

La educación es la base fundamental para nuestro proyecto de desarrollo sólido y justo en la sociedad española. Pero la política educativa del PSOE debe dar un salto desde las reivindicaciones de acceso universal hasta la exigencia de la mejora de la calidad, mediante la aplicación de dos binomios: calidad y equidad, inclusión y diversidad. Estamos a favor de intentar un Pacto Educativo que aporte consenso y estabilidad al sistema, pero cualquier acuerdo debe partir de la derogación de la LOMCE –por regresiva y segredora- y del compromiso firme por elevar la financiación educativa acercándonos al horizonte del 7% del PIB. Asimismo debe reconocerse el papel relevante, pero limitado y subsidiario de la red de centros concertados, frente a la red prioritaria de centros públicos. Y, claro está, hay que recuperar la imprescindible educación para la ciudadanía.

En materia universitaria, sin embargo, debemos subrayar la garantía de un acceso equitativo mediante una adecuada política de tasas y becas. La limitación de medios económicos no puede ser jamás un obstáculo para el ejercicio del derecho a la enseñanza superior. Además, es preciso asegurar una financiación básica suficiente al sistema universitario, la reversión de los recortes aplicados sobre la investigación y los estímulos a la internacionalización de nuestros centros.

Debemos proteger y promover la salud actuando sobre sus determinantes socioeconómicos. Se trata de recuperar la atención sanitaria universal limitada por los recortes del PP, de limitar drásticamente los copagos sanitarios para que no sean una barrera a la salud, de impulsar las políticas públicas sociales y ambientales que favorecen la salud, y de garantizar la igualdad de derechos y la libre circulación entre territorios. Una iniciativa interesante a promover pasa por asegurar las buenas prácticas sanitarias en el proceso final de la vida para poder morir serenamente, en el entorno deseado, sin dolor y sin sufrimiento.

Creemos en unos servicios sociales públicos y universales, transversales e inclusivos, alejados del asistencialismo y la beneficencia, y garantizados como derecho fundamental para toda la ciudadanía en la Constitución Española. Creemos en el compromiso por financiar y desarrollar debidamente la ley de atención a las personas en situación de dependencia, revertiendo los recortes del PP e incluyendo a los cuidadores familiares en la cotización a la Seguridad Social a cargo del Estado.

Los socialistas promovemos también un Ingreso Mínimo Vital que garantice una vida digna a todas las familias que han quedado completamente desprotegidas por el desempleo y el agotamiento de las ayudas públicas. Este mínimo vital tendrá un enfoque especial para atajar la pobreza infantil, que se ha convertido en un problema particularmente lacerante en nuestro país.

Un pilar fundamental en nuestro Estado de Bienestar son las pensiones públicas. Y los socialistas solo podemos participar en un nuevo Pacto de Toledo si se garantizan unas pensiones dignas que no pierdan poder adquisitivo. Es decir, el pacto solo es posible si pasa por anular el índice de revalorización limitado y el factor de sostenibilidad regresivo que fueron impuestos unilateralmente por el PP en la reforma de 2013. El sistema público de pensiones tiene un problema de financiación, que debe atajarse antes por el ámbito de los ingresos que por el de los gastos. Y el aumento de ingresos debe provenir de los impuestos, de la revisión de algunos instrumentos fallidos en el estímulo a la contratación y del aumento de las cotizaciones en los salarios más elevados.

No se trata de adaptar nuestro sistema de bienestar a la ortodoxia económica neoliberal, sino de adaptar la ortodoxia económica a la garantía irrenunciable de una sociedad equitativa y justa.

Nuestro modelo territorial

Urgente es también ocuparse de rebajar la tensión que está provocando la huida hacia adelante del independentismo catalán. Se equivocan quienes responden a las incertidumbres del presente con la mirada excesivamente enfocada hacia dentro, buscando el calor de la aldea, cayendo en la tentación de cerrar fronteras y levantar muros. Pero se equivocan igualmente quienes se limitan a contestar a este error con la fuerza de la ley. Ley sí, pero no solo ley. También diálogo, y entendimiento, y voluntad de actualizar nuestro marco de convivencia entre ciudadanos y entre territorios, en clave federal, reconociendo la realidad de lo diverso y reconociendo la necesidad de caminar y afrontar juntos aquellas incertidumbres que nos preocupan y nos desafían.

Hay que salir del modo conflicto en el escenario del desafío secesionista, para incorporar a todos los actores implicados en el modo solución. Porque hay un riesgo serio de fractura social y ruptura democrática. Y la solución pasa porque unos entiendan que el llamado problema catalán es, en realidad, un problema de todos los españoles. Mientras que otros deben entender también que la ley no lo es todo en democracia, pero que sin la ley no hay sistema democrático. Y unos y otros han de saber que no hay una sola Cataluña, como no hay una sola España, y que nadie tiene derecho a arrogarse la representación total de una u otra.

Tenemos un problema con nuestro modelo territorial, el conflicto de las identidades y el conflicto institucional. La solución para el primero está en el reconocimiento de las identidades diversas, compatibles y compartidas. Cada cual está en su derecho para sentirse catalán, vasco, andaluz, español y europeo en el orden y en la proporción que considere libremente, sin que nadie pueda imponer orden o proporción algunas.

Y la solución al conflicto institucional está en la reforma federal de la Constitución. El Estado de las Autonomías que diseñó apenas la Constitución de 1978 ha prestado un buen servicio al propósito de la descentralización política, el desarrollo razonablemente equitativo y la convivencia entre españoles iguales en derechos. Pero hoy presenta insuficiencias que imponen una actualización.

Un problema evidente es el de la ausencia de instituciones comunes que posibiliten y favorezcan la leal cooperación federal en la consecución de retos comunes. Otro problema no menos evidente ha sido el del uso torticero que el nacionalismo ha hecho de estas insuficiencias para alimentar los conflictos territoriales. Tampoco han ayudado las tensiones recentralizadoras del PP. Por tanto, actualización para mejorar el modelo, sí. Incluso con una reforma consensuada de la propia Constitución. Liquidación para derribar lo conseguido y comenzar de nuevo, no.

La reforma pendiente, para los socialistas, se llama federalismo. Federar es unir en la diversidad, y federar es gestionar desde la cooperación solidaria, leal y eficaz. Aclaremos competencias, asignando al Estado las indeclinables para salvaguardar la igualdad de derechos básicos, y derivando las demás acordadamente a comunidades y ayuntamientos. Establezcamos un sistema de financiación suficiente, estable y corresponsable. Y hagamos de una vez que el Senado se configure como cámara de representación, de encuentro y de colaboración entre territorios en la gestión de sus competencias.

Se trata de liderar un nuevo consenso para renovar el pacto constitucional. La Constitución vigente constituye un logro histórico indudable, que nos ha aportado el mayor periodo de disfrute de derechos y libertades al conjunto de los españoles y las españolas. Y renovar aquel pacto constitucional mejorará y fortalecerá estos logros. Tres son los ejes argumentales de la reforma a plantear: la unidad y la solidaridad federal, en el reconocimiento y el respeto a la diversidad territorial; la lucha eficaz contra la desigualdad entre los diversos territorios; y la defensa de la libertad de identidad.

Y esta vez los Ayuntamientos no pueden quedar fuera del pacto territorial. Las administraciones municipales asumen hoy la doble condición de ser la primera barrera de contención en la crisis social y política, mientras queda relegada a un papel secundario en las negociaciones para la actualización de los marcos institucionales y financieros del Estado. Tenemos que derogar la ley de reforma local del PP de 2013, recurrida ante el Tribunal Constitucional por más de 3000 ayuntamientos. Y tenemos que impulsar un nuevo marco legal que aclare competencias y, sobre todo, que establezca una financiación suficiente y estable para el ejercicio de aquellas que les correspondan.

Calidad democrática

Los socialistas defendemos la democracia representativa como la base fundamental de los derechos y las libertades de los españoles y las españolas. Pero también somos conscientes de que nuestras instituciones y procedimientos democráticos requieren de una modernización a fondo, para hacerla más abierta, transparente y participativa. Las demandas y el interés de la ciudadanía por la información veraz, la dación de cuentas y la participación activa en los asuntos públicos cambian y aumentan, y la respuesta de lo público de adaptarse con valentía a estos cambios.

Las reformas pendientes en este ámbito tienen que ver con el sistema electoral, con la apertura y el desbloqueo de las candidaturas en el nivel local. Tienen que ver con el propio ejercicio de la política, limitando los aforamientos, asegurando la transparencia en los intereses y conductas de los cargos públicos. Tienen que ver con la evitación de las puertas giratorias abusivas.

Y tienen que ver con la regulación de los lobbys y la limitación de discrecionalidad para otorgar contratos públicos. Tiene que ver con el reforzamiento de las herramientas de inspección y persecución de los delitos de corrupción. Y tiene que ver también con la mejora de los cauces de acceso a la información pública transparente y de participación en los asuntos de interés colectivo para toda la ciudadanía. Se llama política abierta, gobierno abierto, parlamento abierto. Y debe ser seña de identidad de los socialistas.

El avance en la laicidad es otra de nuestras grandes asignaturas pendientes. Una democracia madura y de calidad aspira a reconocer y garantizar la libertad de conciencia de toda su ciudadanía, creyente y no creyente. Esta democracia ha de facilitar la convivencia en una sociedad con expresiones privadas y públicas de todo tipo de convicciones, religiosas y no, en el marco de la ley. Y tal democracia avanzada debe asegurar que la política y el Estado organizan el espacio público compartido de manera radicalmente independiente respecto a cualquier organización o confesión religiosa.

Esto es la laicidad. Libertad de conciencia individual, respeto a las expresiones públicas legales, y autonomía total de la política y del Estado. Desde 1978 se ha avanzado mucho, pero aún quedan resquicios que permiten tachar a nuestra sociedad como propia de una laicidad imperfecta. Quedan cosas por hacer. El artículo 16 de la Constitución no necesita referencia a confesión alguna. Hay que denunciar los Acuerdos con el Vaticano para acabar con los privilegios injustificados.

Debemos promulgar una auténtica ley de conciencia y libertad religiosa, que asegure la no discriminación de creyentes y no creyentes. Hemos de sacar el adoctrinamiento religioso del currículum educativo evaluable y del horario escolar. Y hay que dar un impulso decidido a la autofinanciación religiosa, sin privilegio fiscal alguno. ¿A qué ritmo? Al que vaya aconsejando la madurez paulatina de una sociedad que se seculariza con rapidez. ¿Cómo? Desde el diálogo, el respeto y el mayor acuerdo posible.

Para los socialistas, la cultura no es la “maría” de los programas electorales o los presupuestos públicos, sino un derecho social básico, un pilar de nuestro sistema de bienestar, un factor clave para nuestro desarrollo económico, y una baza sin igual para la proyección internacional de España.

Por esa razón, el PSOE ha de apostar por el rescate de la cultura respecto a los recortes, las privatizaciones y la relegación institucional a las que le ha sometido los gobiernos de la derecha. Hacer de la lengua española un activo económico e industrial de primer orden, revalorizar nuestro patrimonio histórico, asegurar el acceso equitativo a los servicios culturales, promover la creación y proteger la propiedad intelectual, deben ser referencias claves en el proyecto socialista.

Partido feminista

El PSOE es el partido feminista de España. Los y las socialistas siempre hemos estado en vanguardia, desde los gobiernos y desde las oposiciones, de las conquistas más relevantes en materia de igualdad legal. Ahora nos corresponde también liderar la batalla social e institucional para lograr la igualdad real.

La igualdad real pasa por promover un pacto de Estado para acabar con la violencia de género, protegiendo a las víctimas y, sobre todo, impulsando la educación en igualdad. Pero la igualdad real pasa fundamentalmente por la igualdad en el empleo, por el combate a la brecha salarial y a la explotación de las mujeres en los contratos más precarios e inestables.

Y hablar de igualdad en el siglo XXI es hablar de impulsar la corresponsabilidad, mediante los servicios públicos de apoyo a las familias y la sensibilización social para el reparto equitativo de las tareas domésticas y de cuidado. Igualdad, finalmente, es también rechazar rotundamente la mercantilización del cuerpo de las mujeres, en la publicidad y en la trata de personas para la explotación sexual.

Los jóvenes del presente

La sociedad española tiene una gran deuda pendiente con sus jóvenes, en su gran mayoría rehenes hoy de las políticas neoliberales del PP que les impiden desarrollar su proyecto vital y que les expulsa al exilio económico. Los jóvenes españoles están más que cansados de las referencias al futuro, y quieren oportunidades para desarrollar su vida con dignidad aquí y ahora.

El PSOE ha de impulsar una Estrategia de Activación del Proyecto Vital a través de un gran acuerdo social e institucional en nuestro país. Esta estrategia debe contemplar medidas de todo orden, siendo las más importantes las referidas a: las oportunidades de buenos empleos, al retorno del talento exiliado, al acceso a la vivienda social digna, a la educación superior de calidad y sin obstáculos de carácter económico, y a la equidad también en su participación inevitable en el universo tecnológico y digital.

La apuesta de la Europa reforzada

Europa fue para los socialistas primero una referencia casi utópica de libertad y desarrollo. Con el transcurrir de los años, las instituciones comunes de Europa se convirtieron en una herramienta útil para promover los mejores progresos en materia económica y de derechos de ciudadanía. Hoy Europa es para el PSOE la esperanza única de un futuro con más seguridades que incertidumbres, la garantía única para la preservación de lo logrado y para la conquista de nuevos avances civilizatorios.

Pero la crisis europea arrecia con fuerza. Cuando más necesario se hace el esfuerzo común en Europa, más se prodigan los cuestionamientos a la existencia misma de ese esfuerzo común en Europa. Las causas están en una gestión desigual, ineficaz e injusta de la crisis económica, que ha restado crédito y popularidad a las instituciones europeas entre las mayorías que se saben y se sienten perdedores de esa crisis. Y los efectos se comprueban en los embates permanentes de las fuerzas neo-nacionalistas, eurófobas, neo-fascistas y populistas que hacen avanzar las opiniones contrarias a la integración europea, sobre todo a partir de la campaña del “Brexit”.

Para el PSOE, el objetivo último son los Estados Unidos de Europa, la unión federal del continente en un destino común, para competir con alguna posibilidad de éxito ante los demás grandes actores globales. Mientras tanto, parece inevitable la colaboración reforzada con velocidad propia entre los Estados partidarios de una mayor integración para hacer frente a los desafíos compartidos.

Se hace imprescindible una Unión Europea reforzada ante los retos que mantenemos dentro y los retos que nos llegan de fuera. Más Europa para compartir planes, políticas y recursos con los que asegurar derechos, libertades y un modelo social envidiable a preservar como nuestro mayor tesoro. Y más Europa para defender en el mundo los valores democráticos, los derechos humanos, el propósito de la paz y el multilateralismo predominante en las relaciones internacionales. Porque los vientos que llegan de las grandes potencias norteamericana, rusa y china, hacen más que necesario el rearme moral y de valores en Europa, desde Europa y para todo el planeta.

Más Europa, pues, pero mejor Europa, con instituciones más transparentes y democráticas, y con políticas más atentas a los intereses y demandas del pueblo europeo. Se trata de impulsar, además de la Unión Monetaria, la Unión Fiscal, la Unión Social y la Unión en materia de Seguridad y Defensa.

Las respuestas globales

El debate del Congreso socialista debe dar respuesta a estos asuntos que urgen en la sociedad española. Pero debe ir más allá y ofrecer certidumbres y garantías ante los grandes interrogantes de nuestro tiempo que trascienden nuestras fronteras. El PSOE ha de participar y ser protagonista en los debates ideológicos y políticos que se están produciendo en el mundo globalizado, y que determinarán lo que pueda ser nuestro futuro colectivo

El sociólogo Zygmunt Bauman acertó a describir nuestro presente como el de la “modernidad líquida”. Y efectivamente, las formas de la economía, de la sociedad y de la política son cada día más cambiantes y efímeras. Ahora es el Presidente de la China comunista quien da conferencias en el Foro de Davos a favor del libre comercio, mientras el Presidente de la cuna del capitalismo moderno, los Estados Unidos de América, parece apuntarse al proteccionismo autárquico.

Lo cierto es que desde hace ya años, el capitalismo financiero se impone a la tradicional producción de bienes y servicios como actividad económica predominante. Y las instituciones sociales antes sacrosantas de la familia y la religión ahora se relativizan sobremanera. Y se cuestiona la intermediación democrática de los Parlamentos. De hecho, el propio Trump habla de devolver a los americanos el poder secuestrado por las élites de Washington.

La modernidad líquida implica nuevas oportunidades de cambio y progreso, desde luego. Pero, para millones de personas, sobre todo para los millones de personas más vulnerables, la modernidad supone también riesgo, incertidumbre, falta de garantías, miedo al porvenir propio y al porvenir de sus familias.

El socialismo tiene la responsabilidad de hacerse con el estado de ánimo de esas mayorías, y encontrar nuevas respuestas a las nuevas preguntas, y ofrecer nuevas seguridades a las nuevas inseguridades, y combatir los nuevos miedos con nuevas certezas de igualdad, de libertad y de justicia.

¿Cuáles son esos nuevos desafíos que conlleva la modernidad?

Cómo gestionar la globalización

El desafío principal es el de cómo gestionar la globalización, que nos viene, que nos promete y que nos amenaza. Todo a la vez. ¿Apostamos por una izquierda colaboracionista con la globalización liberal en marcha? ¿O apostamos por una izquierda valiente y transformadora para conseguir una globalización reglada y justa? Este es el debate.

¿Qué respuesta debe dar el socialismo a la amenaza del dumping fiscal y laboral? ¿Qué respuesta dar a la realidad de las empresas que se marchan para producir más barato pagando salarios de miseria? ¿Qué respuesta dar a la realidad de las grandes multinacionales que evitan pagar los impuestos que sostienen el bienestar colectivo, que se refugian en paraísos fiscales, que firman convenios fiscales a la carta? ¿Qué respuestas ofrecer a los millones de personas que llegan a las puertas de Europa en busca de una vida mejor?

¿Cómo hacer competitivo tu país en este contexto? Una parte de la izquierda europea ha decidido entrar al juego. Reducir salarios, recortar derechos a sus trabajadores, bajar los impuestos a las grandes empresas. Pero, ¿dónde nos lleva esto? A unas sociedades cada día más desiguales e injustas.

Los socialistas españoles hemos de apostar por una izquierda europea valiente, exigente, transformadora. Que recupere el gobierno de la política sobre la economía, que aplique reglas a las relaciones económicas.

Un Estatuto de los Trabajadores igual para todos los países de Europa, con un salario mínimo equivalente para todos, con unas condiciones laborales que no puedan rebajarse a la medida de los intereses empresariales. Y unos impuestos armonizados para toda Europa, incluyendo la creación de impuestos europeos para sufragar las políticas continentales. Ni más ni menos altos de lo preciso para sostener los derechos de ciudadanía, pero sin paraísos, ni agujeros, ni trampas por los que se escapen quienes buscan eludir la contribución debida al bien común. Una iniciativa de inversión pública contracíclica, realmente ambiciosa, que impulse la actividad económica y el empleo en todo el continente.

Un sistema financiero con una regulación más estricta, que impida la creación de burbujas artificiales y que no genere riesgos sistémicos que acaban pagando todos los ciudadanos y ciudadanas. Unas reglas fiscales justas y equilibradas, que garanticen la sostenibilidad de las cuentas públicas, pero que no ahoguen a las economías más vulnerables y endeudadas. Que sean exigentes también con los países que disfrutan de superávits fiscales y que más pueden contribuir al crecimiento común. Y un comercio internacional abierto, pero con normas y condiciones que garanticen su justicia y equilibrio, además de la prevalencia de los derechos de ciudadanía y del medio ambiente.

Para la derecha, Europa debe ajustar su democracia a las reglas de la economía. Para el socialismo exigente, Europa debe ajustar su economía a las reglas de la democracia.

La nueva dimensión de la política

Otro debate importante: estamos ante una nueva dimensión de la política. La izquierda fue internacionalista en el siglo XIX. “Trabajadores del mundo, uníos”, eso decíamos. Pero la izquierda descubrió en el siglo XX que podían hacerse grandes conquistas en derechos laborales, en bienestar social, a través de las democracias en los Estados-nación. E hicimos socialismo a escala nacional. Y construimos el Estado de Bienestar. Y logramos grandes cosas.

Pero las condiciones han cambiado en el siglo XXI. Porque los problemas y los retos a los que hacer frente con los valores socialistas ya no pueden atenderse dentro de las fronteras del Estado-nación. Porque la hiper-financiarización de la economía, y los paraísos fiscales, y la fuga de las empresas en búsqueda de salarios bajos, y el cambio climático, y la crisis de los refugiados, y el terrorismo internacional, ya no pueden atajarse tan solo con leyes en los Parlamentos nacionales, impulsadas por partidos socialistas nacionales.

La socialdemocracia debe recuperar, pues, su vocación internacionalista. Es más, hay mucho margen aún para las políticas nacionales más justas. Pero hoy solo se puede hacer socialdemocracia exigente y realmente eficaz a escala global, primero en Europa, después en el mundo. Solo en la escala global podemos hacer política para someter la economía a las reglas que atajen la desigualdad, la pobreza y la explotación.

Pasar del Estado-nación del Bienestar al Estado global del Bienestar. Primero en Europa. Después en el mundo. Esta es la nueva utopía socialista.

Por eso necesitamos un auténtico Partido Socialista Europeo, reforzado y creíble, del que el PSOE aspira a ser parte fundamental y entusiasta.

La revolución tecnológica

Más cambios en marcha. Revoluciones tecnológicas hemos vivido muchas en la historia reciente de la Humanidad. Como esta, no. Esta es la primera revolución tecnológica en la que no está claro que se generará empleo neto. Es más, según muchos expertos, es posible que la pérdida de empleos sea importante. Lo que es seguro es que en el pasado, las ganancias de productividad terminaban traduciéndose en rentas del trabajo. Ahora ese proceso no es evidente que se vaya a seguir produciendo. A través de la tecnología avanzada las empresas pueden aumentar la productividad sin generar empleo o remunerar mejor el que ya existía.

Es decir, la aplicación de la robótica a los procesos productivos no destruirá unos empleos para crear otros, como ocurría hasta ahora. Harán falta menos empleos para producir mucho más. Esto supone un problema grave para unas sociedades que conciben el empleo como un factor clave de socialización. Y es un problema para el socialismo, que siempre vinculó renta a empleo, y pobreza a falta de empleo.

¿Qué hacer ante la expectativa de sociedades con porcentajes permanentes de desempleo por encima del 20%? ¿Qué hacer ante la perspectiva de que amplios sectores de la población no vayan a trabajar durante gran parte de su vida, o incluso que no vayan a trabajar nunca? El socialismo debe dar una respuesta.

Y la respuesta está en no renunciar al pleno empleo y en socializar el aumento de la productividad que traerá la robótica. Habrá más recursos y hemos de usar esos recursos, vía fiscal, para atender el bien común. ¿Cómo? Por ejemplo, repartiendo los tiempos de trabajo disponible. Si los robots pueden hacer nuestro trabajo, trabajemos menos días y menos horas a la semana, con el mismo salario. Segundo, hagamos que esos recursos extra financien actividades necesarias para la sociedad con uso intensivo de mano de obra, como la atención a las personas dependientes o el cuidado del medio ambiente. Y tercero, utilicemos esos recursos para financiar un ingreso mínimo vital a fin de asugurar que todas las personas sin trabajo puedan vivir con dignidad.

El nuevo precariado

Por otra parte, las desigualdades que han generado las crisis financieras, la mala gestión de esas crisis, y la globalización sin reglas, han dado lugar a una nueva clase social, por debajo de las clases medias y las clases trabajadoras, que también han sufrido mucho. Hablamos del “precariado”. Son los excluidos del sistema. Aquellos a los que el sistema ha arrojado a la cuneta. Son jóvenes que no logran entrar en el mercado de trabajo. Son parados de larga duración sin esperanza de recuperar empleo. Son mayores de 45 años sin trabajo que agotaron todas sus prestaciones. Son más que pobres: marginados, excluidos. Es tarea de los socialistas rescatar y recuperar a estas personas. Proporcionándoles un empleo, desde la iniciativa pública si es necesario. Proponemos asegurarles un Ingreso Mínimo Vital a escala europea, financiado con la fiscalidad impuesta a las transacciones financieras que ahora prácticamente no pagan impuestos. Esto es hacer Europa frente al antieuropeismo. Y esto es hacer justicia real frente a los populismos estériles.

Identidades y soberanías

Más cambios. La identidad nacional única y el Estado soberano son ideas del pasado. La globalización y el paso del tiempo se las han llevado por delante. Este es el tiempo de las identidades diversas, plurales y compartidas, que permiten sentirse a la vez vasco, español y europeo, en la proporción y en el orden que cada uno quiera. Y este es el tiempo de las soberanías compartidas, porque en un mundo interdependiente nadie puede aspirar a una soberanía propia y exclusiva. Identidades compartidas para que cada cual se sienta libremente como quiera. Y soberanías compartidas para que todos disfrutemos de nuestros derechos como ciudadanos europeos y del mundo, con reglas globales y garantías globales. Este es el futuro que el socialismo debe trabajar desde el presente.

Los retos demográficos

Más temas relevantes sobre los que debatir, proponer y concluir. Los retos demográficos: la baja natalidad, el envejecimiento, el despoblamiento de muchos territorios. Un problema grave y un reto crucial. Invertir en población es caro, pero es muy rentable.

Las previsiones más rigurosas hablan de más de un tercio de la población española y cerca del 30% de la población europea por encima de los 65 años a mediados del presente siglo. Los índices de natalidad en nuestro país siguen a la cola de Europa y del mundo. La población envejece y la organización del espacio público compartido debe adaptarse a unas demandas crecientes y especializadas en materia de atención sanitaria y de servicios sociales.

Y los sistemas de pensiones han de prever la necesidad de complementar los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales de trabajadores activos con nuevas fuentes provenientes de la fiscalidad aplicada sobre los previsibles incrementos de productividad. Porque la derecha insistirá pronto en la “insostenibilidad” de los sistemas de protección social, para legitimar sus recortes de gasto.

Para los socialistas, el modelo social de protección pública no debe adaptarse siempre mediante el recorte del gasto ante las previsiones demográficas, sino que es el modelo económico el que ha de reformularse para ofrecer garantías de viabilidad a los derechos sociales irrenunciables que nos hemos dado.

A pesar de ser el país europeo con menos nacimientos, a causa fundamentalmente de las dificultades que encuentran nuestros jóvenes para emprender proyectos vitales autónomos, las políticas favorecedoras de la natalidad han estado ausentes durante los últimos años. Estas políticas no tienen secretos, aquí y allí donde funcionan cada día: facilidades en el ámbito laboral para madres y padres, racionalización de horarios e impulso al teletrabajo para facilitar la conciliación familiar, y ayudas y servicios públicos bien dotados en materia educativa, sanitaria, de vivienda y de servicios sociales.

Las grandes migraciones son una realidad cotidiana hoy en el mundo y lo serán en mayor medida en el futuro. España constituye la frontera sur de Europa, la frontera europea más directa con África. Esta frontera presenta los mayores desequilibrios de planeta en términos de renta y bienestar social. La presión migratoria sobre Europa es y será tremenda por estas razones económicas y sociales, y también a causa de la persistencia de conflictos bélicos y casos de persecución política y religiosa que se dan y se darán, por desgracia, en las cercanías de nuestro continente.

Europa debe dar una respuesta generosa y eficaz a este desafío. No cabe la ingenuidad de las puertas completamente abiertas, pero las políticas desarrolladas por las instituciones europeas y algunos Estados durante los últimos años han sonrojado hasta el tuétano a quienes siempre presumimos de la superioridad moral de Europa. Hay que regular la entrada y la integración de los migrantes económicos, porque los necesitamos y los vamos a necesitar más, a juzgar por la evolución demográfica descrita. Y Europa no puede traicionar su esencia y su identidad con relación al deber de asilo y refugio. Somos la cuna y el faro de los valores de la igualdad, la libertad y la fraternidad, y tenemos que demostrarlo con una política valiente y solidaria en este ámbito.

Las grandes ciudades. Un tema pendiente para el PSOE de hoy, sobre todo a juzgar por nuestros últimos resultados electorales. Las gentes de las grandes ciudades son las primeras en disfrutar de los grandes avances. Y sus gentes son las primeras en sufrir los rigores de las crisis y sus peores consecuencias. De ahí el malestar urbano. Porque hay menos redes sociales y familiares para amortiguar los problemas en las grandes ciudades. Y porque hay menos vías de participación influyente en el espacio público de las grandes ciudades, por paradójico que resulte. Ese es el desafío. Dar seguridad y dar participación nueva e influyente a quienes viven en las grandes ciudades y están perdiendo calidad de vida y expectativas de futuro a ojos vista.

El cambio climático

El cambio climático no es una amenaza de futuro para la Humanidad. El cambio climático ya está aquí, y estamos sufriendo sus consecuencias devastadoras en las alteraciones metereológicas, en la contaminación ambiental, en las afecciones sobre nuestra salud, en la pérdida de biodiversidad. El negacionismo ya no es una opción presentable. El adversario es ahora la resignación y el inmovilismo.

Corresponde una vez más al socialismo liderar los planes colectivos para hacer frente a esta nueva lacra, con impulso científico, con compromiso presupuestario, con programas de ejecución pública decidida, que impulsen la transición energética necesaria, que preparen nuestra economía ante los cambios climáticos, y que hagan cumplir los objetivos internacionales para la reducción drástica de emisiones contaminantes en el horizonte del año 2050.

Terrorismo yihadista

El terrorismo yihadista internacional constituye una amenaza grave en sus consecuencias y novedosa en su ejecución para la seguridad y la defensa en términos globales. El socialismo debe oponerse con firmeza a las dinámicas que ofrecen como respuesta bien la estigmatización de determinadas etnias y creencias religiosas, o bien una limitación drástica en las libertades públicas. Este terrorismo se combate eficazmente desde su aislamiento en términos de opinión pública, desde la cooperación eficaz de fuerzas policiales y de inteligencia, y con políticas de promoción del desarrollo humano en los territorios castigados por la violencia, y cuyas penalidades sirven de coartada y legitimación para los propios terroristas.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

El socialismo debe asumir los 17 Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre del año 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como una estrategia de cambio exigente hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron. Entre ellos España. Se trata de una herramienta clave para fijar metas y planificar acciones coordinadas a escala global para avanzar por el camino que nos señalan nuestros valores progresistas de igualdad y justicia.

La novedad y gran relevancia de estos ODS es que son objetivos que vinculan a todos los países, no únicamente a los menos desarrollados, en un espíritu de asociación entre países ricos y pobres, entre sus gobiernos, pero también con el sector privado y las sociedades civiles de cada país.

El PSOE debe plantear al Partido de los Socialistas Europeos y a la Internacional Socialista la asunción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como guía para la acción política global. Son los siguientes:

  • Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
  • Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
  • Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
  • Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
  • Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
  • Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
  • Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
  • Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
  • Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sotenible y fomentar la innovación.
  • Reducir la desigualdad en y entre los países.
  • Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
  • Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
  • Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
  • Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
  • Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierra y frenar la pérdida de la diversidad biológica.
  • Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
  • Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

El camino socialista

¿Quiénes pueden afrontar con garantías de éxito todos estos nuevos desafíos?

La derecha aprovecha los cambios para afianzar la plutocracia, el gobierno de los que más tienen.

El populismo aprovecha los cambios para hacer demagogia. Señala los peligros para azuzar miedos, para ofrecer lo imposible, para acceder al poder y ejercerlo de forma arbitraria.

El camino de la izquierda exigente es el de reforzar la democracia: aspirar a una modernidad justa, reglada, segura, sometiendo los cambios a los valores, a los propósitos y a los intereses de las grandes mayorías.

Ese es el camino del socialismo en Europa y del PSOE en España.

Las respuestas para el Partido

Tenemos que tratar también sobre nuestro modelo de partido, sobre la herramienta orgánica de que nos dotamos para cumplir mejor con nuestro cometido ante la sociedad española.

Lo primero a señalar es que tenemos un gran partido con una gran militancia. No coincidimos con aquellos que justifican sus propuestas de cambio con una descalificación general a nuestra historia y a nuestra organización.

El PSOE ha hecho grandes cosas por este país, ha articulado política y territorialmente España, ha dado cauce a la participación política de millones de españoles con una organización abierta, esforzada, moderna y capaz.

Siempre hemos estado a la cabeza de los cambios, aquí y en Europa: los primeros en asumir la participación de la mujer; los primeros en sectorializar el partido; los primeros en introducir las primarias; los primeros en trabajar políticamente en las redes sociales…

Pero también es verdad que el PSOE debe resolver problemas de organización: el primero y más grave es el de la división interna. Pero hay otros también, como la endogamia excesiva, el mirarnos demasiado a nosotros mismos. Hemos de reflexionar con rigor y acierto sobre las medidas a adoptar para mejorar nuestra relación con los nuevos movimientos cívicos, tanto en el ámbito urbano como en el medio rural. Tenemos que formular nuevas estrategias para aumentar la afiliación, especialmente entre los más jóvenes.

Y el PSOE debe actualizar su estructura, sus normas, sus maneras de funcionar, para abrirse más a las nuevas dinámicas sociales, para ser más permeable a las buenas ideas que se mueven fuera, para coincidir más con las nuevas maneras de participar en el espacio público compartido… Un partido más abierto, más poroso, más ágil, más democrático, más tecnológico…

No compartimos ese falso dilema que plantean algunos entre la democracia representativa y la democracia directa en el partido. ¿Por qué hay que elegir? ¿Por qué prescindir de la capacidad y la experiencia de nuestros cuadros para hacer bien su trabajo? ¿O por qué evitar la participación directa de la militancia cuando sea interesante y útil? En el día a día del partido, deciden los órganos democráticamente elegidos. Y en las ocasiones importantes, ante decisiones muy relevantes, se consulta a la militancia. Eso sí, de una manera bien reglada, clara, garantista, y mediante convocatoria de órganos colegiados y no unipersonales.

Una cultura política democrática

La cultura política del PSOE es una cultura profundamente democrática. Los demás tienen poco que enseñarnos a este respecto. Nuestra militancia quiere participar de manera abierta y clara, pero sin asamblearismos estériles. Y nuestros liderazgos han de ser colectivos y plurales, sin salvadores ni cesarismos. Ningún militante sin voz, y ningún cargo sin control.

Queremos un Partido con un liderazgo compartido, en un equipo en el que todos y todas cuenten, desde el cargo más importante hasta el militante recién llegado. Una secretaría general que cuente con otros responsables del Partido, que coordine propuestas y unifique criterios.

Queremos un Partido en el que entendamos que pensamientos diferentes enriquecen nuestro proyecto; que el que critica no es un disidente. Pero queremos un Partido, también, en el que recuperemos el valor de la lealtad, del compañerismo y de la fraternidad. De ahí nace la auténtica unidad, del debate y de la libertad.

Este es nuestro modelo, y hemos de trabaja para preservarlo, abrirlo, mejorarlo y modernizarlo, al servicio de nuestros valores y nuestros objetivos de transformación social.

Más unidad, más democracia, más apertura, más transparencia, más participación. Estas son las claves para mejorar nuestro modelo de Partido.

Algunas propuestas para el debate

Algunas de las propuestas a trabajar durante el Congreso serán las siguientes:

La candidatura que gane estas primarias a la secretaría general contará con los equipos de las candidaturas que no han ganado. Asimismo, las candidaturas que no hubieran ganado se comprometerán a colaborar lealmente en las tareas de la nueva dirección, renunciando a organizar una oposición interna sistemática.

Vamos a activar el Partido, sobre todo sus agrupaciones locales y sus Casas del Pueblo, que pueden ser focos irradiadores de actividad política positiva y de generación de afectos y apoyos sociales. Las Casas del Pueblo, especialmente en las grandes ciudades, deben albergar debates en torno a la vida institucional, celebrar consultas vecinales, organizar campañas de activismo cívico en torno a objetivos locales, programar actividades culturales, prestar servicios a la vecindad, ceder espacios a entidades vecinales… Una Secretaría de Dinamización de Agrupaciones Locales a nivel federal y regional ayudaría, como también una Secretaría local de la Casa del Pueblo.

Proponemos instaurar una Convención anual de Balance y Estrategia, para que toda la militancia debata y plantee enmiendas en todos los niveles orgánicos sobre un documento elaborado al respecto por la Comisión Ejecutiva Federal.

Celebremos consultas directas a la militancia, bien regladas en el Congreso, a partir de una propuesta decidida por el Comité Federal por mayoría o el 20% de la propia militancia. Y establezcamos la obligación de celebrar consulta directa a la militancia para decidir acuerdos de Gobierno o coaliciones con otras fuerzas. Un nuevo Reglamento de Participación de la Militancia debería establecer condiciones y procedimientos.

En primarias para elegir secretario general, establezcamos la segunda vuelta entre los dos más votados. Y una vez elegido o elegida, planteemos en nuestras normas que solo pueda ser removido de su cargo por la misma militancia en votación de censura, a propuesta del Comité Federal, o de confianza, a propuesta del propio secretario general.

Tenemos que recuperar la Formación ideológica, política y técnica al máximo nivel, para mejorar las capacidades de todos los responsables orgánicos y de la propia militancia.

La igualdad radical entre hombres y mujeres debe seguir siendo una guía indiscutible a todos los efectos en nuestra organización. Hemos avanzado mucho, pero aún queda mucho por hacer a fin de alcanzar el 50% de militancia femenina. Necesitamos elaborar e implementar un Plan Estratégico por la Igualdad en el PSOE.

Las relaciones de la dirección del Partido con las Juventudes Socialistas de España deben mejorarse y reforzarse, con programas conjuntos de actuación, con reuniones formales calendarizadas, con órganos conjuntos de seguimiento y evaluación, con participación juvenil en todos los órganos formales e informales del Partido. Un objetivo prioritario en esta relación debe ser el de aumentar la afiliación joven al PSOE.

También hemos de mejorar nuestras capacidades y técnicas en la gestión electoral. Los tiempos, los escenarios, las condiciones, las tecnologías cambian, y el PSOE debe actualizar y perfeccionar sus estrategias de acción electoral de una manera permanente.

Hay que elaborar y aplicar un Código de Redes a compartir con toda la militancia socialista, para que nuestra participación en las redes sociales se base en los principios del respeto mutuo, la participación constructiva y la máxima concordia.

Las resoluciones del próximo Congreso del PSOE no deben cerrar los debates abiertos, sino mantenerlos en modo de propuesta para recibir las consideraciones del resto de los españoles y españolas que compartan nuestros valores y tengan voluntad de participar.

Política de alianzas

Tenemos un debate pendiente también en relación a las alianzas políticas del Partido. A este respecto seamos conscientes de que hay quienes tratarán de reducir toda la complejidad del debate a una simple alternativa espacial. ¿El PSOE debe mirar más al centro o más a la izquierda? Ni una cosa ni la otra. Creemos en un PSOE autónomo y sin complejos, que no mire a su izquierda ni a su derecha, sino a la mayoría de la sociedad española, cuya confianza y apoyo ha de recuperar.

Hemos de distinguir siempre entre el centro político y la centralidad en la política española. El centro político es parte de la derecha, y no lo queremos para el PSOE. La centralidad es otra cosa. La centralidad es donde está la mayoría, y la mayoría de los españoles comparte valores progresistas con el PSOE.

El papel del PSOE es el de atraer la centralidad política española a la izquierda, a una izquierda coherente, consecuente y eficaz. Ese es el reto. Atraer a las mayorías hacia la izquierda socialista y ganar así las elecciones. Lo hicimos en el pasado con éxito y volveremos a hacerlo con un partido unido y esforzado.

Se hablará de la espacialidad izquierda-centro-derecha, y se hablará de pactos y alianzas. Nosotros defendemos un socialismo reconocible y exigente.

La oposición tiene un tiempo y un espacio para la crítica, otro para la alternativa, y un tercero para el acuerdo en interés de la generalidad. Los pactos con la derecha deben limitarse a las reglas del juego democrático, como la reforma de la Constitución. A la garantía de la convivencia, como la lucha contra el terrorismo. O a la proyección exterior de España.

Pactar los presupuestos no forma parte de este planteamiento. Porque los presupuestos públicos definen un proyecto de país, sus objetivos, sus prioridades; y los objetivos y prioridades del PSOE son muy distintos de los de la derecha. Y pactar la reforma laboral, por poner otro ejemplo, tampoco. Porque los modelos de crecimiento que defendemos el PSOE y el PP son radicalmente distintos. El PP quiere competir con salarios bajos. Nosotros, con innovación y talento.

Aspiramos a un PSOE exigente y transformador, radicalmente diferenciado de la derecha. Porque la democracia es elegir, porque la elección requiere opciones distintas, y porque izquierda y derecha representamos dos maneras muy diferentes de reaccionar ante las desigualdades sociales. Ellos las consolidan, nosotros las combatimos.

Socialismo exigente, moderno y mayoritario

Proponemos, en definitiva, un socialismo exigente, moderno y mayoritario.

Esto exige no entretenerse en divisiones y conflictos de poder estériles, que nos restan credibilidad ante los ciudadanos.

Esto requiere no amarrarse con nostalgia a las recetas de siempre cuando los problemas están cambiando.

Y esto implica no conformarse con aspirar a una alternancia inocua e indistinguible de la derecha, o a conformar un sumatorio confuso de minorías más o menos progresistas.

El PSOE debe ser autónomo y consciente de los retos del hoy y del mañana. Debe ser coherente con sus valores de igualdad y de libertad. Y debe ser valiente para afrontar los cambios necesarios.

Un socialismo de hoy para la España de hoy. Ni de ayer ni de mañana.

Porque el mañana ya es hoy. Porque el futuro ya llegó, ya está aquí, con sus promesas y con sus amenazas. Y hay que hacerle frente con determinación y esperanza.

Este partido está deseoso de recuperar la seguridad en sí mismo y de recuperar la confianza de los españoles, para volver a ganar.

Vamos a hacerlo.

Porque es lo que se merece el PSOE. Pero, sobre todo, porque es lo que se merecen España y los españoles.

PROPUESTAS PARA EL DEBATE

(pulsa para desplegar la propuesta completa)

I El primer reto es unir al PSOE

recuperando los valores de la fraternidad y la lealtad, desde el entendimiento de la pluralidad, desde el ejercicio de la democracia y desde la incorporación de lo diverso en el proyecto común de recuperar la confianza de la mayoría de los españoles y las españolas.

en un equipo en el que todos y todas cuenten, desde el cargo más importante hasta el militante recién llegado. La Secretaría General debe contar con todos los responsables del Partido, unificando criterios y coordinando propuestas.

Porque entendemos que los distintos puntos de vista enriquecen el proyecto socialista, y porque la verdadera unidad nace del debate libre, abierto e integrador entre compañeros y compañeras.

Es la forma para que el elegido cuente siempre con más del 50% de apoyos de la militancia

II Por los buenos empleos

Hay dos formas de emplear la fuerza laboral: utilizar ese capital, esa formación, para aumentar la productividad de la empresa –y también reducir con ello los costes-, o tratar directamente de bajar los salarios, mediante la precariedad y obviando la formación.

Contrariamente a lo que se podría pensar, no se trata de una decisión de las empresas, o no fundamentalmente. Se trata de una decisión que deriva de las reglas y del funcionamiento que rige en el mercado de trabajo.

Si la regulación (o desregulación) ofrece la posibilidad de contratar y despedir a los trabajadores con toda facilidad y de utilizar la rotación laboral, los costes laborales serán bajos y la inestabilidad en el empleo hará que las empresas ni puedan ni quieran valorar y utilizar la capacidad y la formación de sus trabajadores: solo les preocupará que los salarios sean bajos.

No se puede tener el despido desregulado y un fraude generalizado en la utilización de los contratos temporales y pretender que las plantillas de las empresas no roten, al tiempo que se hacen llamamientos a la importancia de la formación y la productividad. No es posible.

La regulación y el funcionamiento del mercado laboral deben no solo dar señales claras sino establecer un marco bien definido: la flexibilidad ha de lograrse utilizando la formación de trabajadores que han de ser, salvo circunstancias excepcionales, estables en las empresas; la clave de la competitividad salarial debe estar en una elevada productividad del trabajo y no en sistemas que persigan constreñir o devaluar los salarios. Tenemos que reducir la temporalidad, la más alta de Europa desde hace tres décadas.

Tanto para circunstancias estructurales como para coyunturales se utilizan las mismas instituciones laborales, normalmente los despidos. No existe en la regulación prevalencia ni prelación en el uso de unas instituciones laborales u otras según cada caso: la empresa puede comenzar directamente por aplicar los despidos. Carecemos de un mecanismo o sistema alternativo a los despidos suficientemente eficaz y obligatorio para evitar que los ajustes se hagan solo o fundamentalmente sobre el empleo.

Todos los países, comenzando por Alemania, se han dotado de una u otra forma de algún sistema de este tipo para evitar males mayores, para evitar los inmensos costes humanos y materiales que ocasiona que todas las empresas se defiendan de las crisis despidiendo al mismo tiempo.

porque el coste de la inestabilidad es insoportable. Durante la crisis han sido despedidos más de cinco millones de trabajadores con contrato indefinido. Si para ajustarse ante la crisis hay que despedir a la mitad de los trabajadores estables del país es que hemos perdido la racionalidad.

Esta es la razón por la que España es la única economía europea en la que el empleo cae más que el PIB en los procesos de crisis. La única donde la productividad del trabajo se mueve al revés que en los demás países: cuando crece la economía, no sube, cuando cae la economía crece y se dispara. Porque destruye el empleo cuando los demás lo mantienen.

El trabajo de usar y tirar es antagónico con la utilización de mejores dotaciones de capital humano. Para que las empresas progresen en el desarrollo de formas más eficientes y modernas de organización del trabajo, es decir en la flexibilidad interna, los trabajadores han de permanecer estables en las empresas.

para regular eficientemente las relaciones laborales y distribuir equitativamente la productividad. La negociación colectiva, por su parte, ha de ser la institución por excelencia para disponer de una regulación laboral compartida en las empresas, para realizar una gestión adecuada de las relaciones laborales, y para repartir los incrementos de la productividad. Pero eso solo puede ser así si las condiciones de la misma no permiten que una parte, la parte empresarial, comience a utilizarla para rebajar los costes salariales, como ha sucedido con la reforma de 2012. Bajar los salarios no puede ser una facultad unilateral del empresario.

Se pretende la introducción de flexibilidad deteriorando las condiciones laborales o perjudicando la conciliación. Esto es porque la negociación colectiva no está equilibrada. Eso genera desconfianza y rechazo entre los trabajadores ante la introducción de fórmulas más flexibles de trabajo. El estímulo a la negociación y a los acuerdos se basa en el equilibrio.

‘Derogar la reforma laboral de 2012’ es imprescindible. Pero hay que ir más allá para construir un nuevo modelo laboral, en un nuevo Estatuto de los Trabajadores basado en la estabilidad del empleo, en volver al equilibrio entre las partes y en la negociación, en establecer un modelo cooperativo. Algo que solo se puede hacer restituyendo derechos y condiciones laborales perdidos y superando una desregulación laboral para obtener resultados similares a los de los países de nuestro entorno.

La participación de los trabajadores en las decisiones y objetivos de las empresas es la otra pieza necesaria para construir un modelo laboral justo. Mantener a los trabajadores apartados de la marcha de las empresas y de los resultados que estas obtengan no es una forma moderna, adecuada y eficaz de mejorar la situación de las empresas.

Es preciso crear un sistema de participación de los trabajadores en las decisiones y objetivos de las empresas que les afectan. Al igual que hay que establecer que al menos un 5% de los beneficios distribuidos sea destinado a sistemas de participación económica de los trabajadores.

Además, los estudios disponibles ponen en evidencia el retraso en la incorporación en España de sistemas avanzados de organización del trabajo en las empresas y el predominio de sistemas superados en los países de nuestro entorno. El proceso de modernización de las empresas requiere asimismo el avance en los sistemas y derechos de conciliación, cuestión tan retrasada hoy que es un clamor social.

Por último, resulta clave para conseguir los objetivos económicos que se persiguen, favorecer el capital productivo y gravar el especulativo. En esta perspectiva, carece de sentido que los movimientos y transacciones puramente financieras no estén sometidas a imposición y sí lo estén las actividades productivas.

Una ley que acabe con el fraude de los falsos contratos a tiempo parcial, los falsos autónomos, los falsos becarios, las horas extras que se trabajan y no se cobran, la explotación de jóvenes investigadores, la discriminación salarial de las mujeres y el fraude de los contratos temporales.

III Por una economía más productiva y con mayor igualdad

Un diagnóstico a superar

Nuestro stock de capital tecnológico es casi cuarenta puntos inferior (al nivel cien de la UM), y el gasto en I+D no llega en proporción al PIB al 60% del suyo, y en el sector privado es incluso diez puntos más bajo. El diferencial tecnológico en consecuencia no está en vías de cerrarse.

La productividad total de los factores no solo no crece, sino que a lo largo de los últimos treinta años ha menguado diez puntos, lo que revela la pérdida de eficiencia de los sistemas públicos y privados que actúan en la economía. La productividad del trabajo es aparentemente similar al promedio UEM, pero nuestra tasa de empleo es diez puntos inferior. El diagnóstico es menos capital tecnológico y humano, y menor inversión. Menor empleo y productividad.

Habría que añadir a lo anterior un sistema educativo mejorable, la calamidad en el sistema científico y tecnológico, o en la formación profesional, los retrasos en el sistema organizativo de las empresas, la carencia de una política industrial moderna y útil, la raquítica dimensión medioambiental.

Hemos de hablar de unas relaciones laborales cuyos mejores indicadores son la devaluación de los salarios nominales, una de las inestabilidades en el empleo más altas de la Unión Europea, y unos sistemas de ajuste que han hecho que se registren más de cinco millones de despidos de trabajadores con contrato indefinido desde el inicio de la crisis. No hay otro mercado laboral tan deficiente y destructivo en nuestro entorno. Su incapacidad para distribuir equilibradamente renta y para articular armónicamente trabajo y actividad gerencial en la producción son proverbiales.

Cinco grandes ámbitos definen la forma en la queremos construir una economía más productiva: inversión para aumentar la productividad y la riqueza, un nuevo mercado laboral con racionalidad, para aprovechar el capital humano, unas empresas más modernas y participativas, mercados regulados y supervisados para asegurar la eficiencia económica, y un Estado dinamizador de la economía.

Necesitamos, en primer lugar, un importante esfuerzo inversor para elevar los niveles de productividad. La productividad de un país depende de los niveles de capital utilizados en la producción y de las técnicas empleadas. La política económica actual se caracteriza por la escasa inversión pública, lo que impide que seamos capaces de actuar para elevar nuestro umbral de crecimiento potencial.

Durante el largo ciclo de crecimiento sostenido, entre 1995 y 2007, la inversión pública se concentró en la creación de capital físico, de infraestructuras, olvidando en buena medida las dos dotaciones más estratégicas en el mundo de hoy: el capital humano y el tecnológico. El esfuerzo no fue inútil, claro que no, aunque no todo ese esfuerzo inversor estuvo realmente justificado ni desde la perspectiva económica ni en la social.

Se trata de que nadie quede condenado a un futuro incierto, de precariedad de rentas y casi nulas oportunidades. Pero, además, se trata de disponer de una fuerza de trabajo mucho mejor formada, en consecuencia, más flexible, con capacidad de adaptación a los cambios importantes que van a sufrir los procesos productivos. Se trata de hacer una política que sitúe el objetivo en el aprovechamiento del potencial humano del país.

Estamos ante uno de los grandes desafíos. Es un deber para un proyecto socialdemócrata. Pero es asimismo una necesidad económica. Nuestras posibilidades para obtener éxito en los cambios futuros, y para mantener y mejorar los niveles de vida, dependen de nuestra capacidad para formar a las personas que llegan y a las que están ya en el mercado laboral.

Para ello precisamos un nuevo, integrado, eficaz y mucho más potente sistema público de formación profesional a lo largo de toda la vida y para el conjunto de la población, sea cual sea su situación en el mercado laboral (estudiante, ocupado, desempleado, o con posibilidades de activación). Un verdadero sistema dual que reemplace el ineficiente e ineficaz sistema actual de formación para el empleo.

Todo lo cual requiere asimismo unos nuevos servicios públicos de empleo capaces de detectar las necesidades y potencialidades de las personas y de asignar recursos educativos y formativos creando oportunidades. Invertir en un sistema público de intermediación laboral. Los países más avanzados, esos que deben ser nuestro espejo, lo han hecho todos.

El complemento necesario del esfuerzo inversor del Estado en el desarrollo del capital humano tiene que ser el capital tecnológico. Las políticas realizadas no han resultado eficaces. La proporción de inversión privada en investigación y desarrollo continúa siendo muy baja en relación a la situación europea.

Hemos de impulsar lo básico y esencial: la ciencia. Si lo hacemos, si lo hacemos con intensidad y eficacia suficientes, y durante el tiempo necesario para que una actividad tan valiosa como lenta dé sus frutos, podemos desarrollar un potencial científico considerable. Y facilitar la forma de, seguidamente, llevar los resultados de la investigación al mercado. Hoy día alrededor de la investigación se mueve eso que se llama el espíritu emprendedor. El desarrollo de nuevas oportunidades. Tenemos que hacer de la ciencia una apuesta de país.

como una política de Estado, en alianza con los sectores económicos, los agentes sociales y la sociedad civil. Las medidas a adoptar serían: un desarrollo equilibrado de la infraestructura digital; un servicio adaptativo que garantice velocidades adecuadas a la ciudadanía, las empresas y las administraciones; una competencia entre proveedores que asegure precios asequibles y prevenga la exclusión digital; una legislación adecuada para proteger la privacidad y la seguridad digital; un plan educativo que provea de un catálogo adecuado de conocimientos digitales a toda la población; la garantía de internet abierto al conocimiento de todos, sin capacidad de control por unos pocos; un plan de financiación y mentoring para apoyar a empresas digitales en fase temprana; y el fomento de la administración pública digital.

Otra de las cuestiones que identifican un proyecto socialista es promover una eficiente e independiente regulación y supervisión de los mercados. Las posiciones dominantes de las empresas en determinados sectores mantienen capturados a reguladores y supervisores, apropiándose impropiamente de rentas en beneficio propio y en perjuicio del resto del sistema productivo y de los ciudadanos.

Es preciso revisar la regulación de tales sectores y disponer de órganos supervisores competentes, profesionales y transparentes, y con independencia total verificable de los lobbys y del poder Ejecutivo. Para ello, su vinculación y nombramientos deberán depender del Parlamento, al que darán cuentas y que podrá recusarles.

Para construir un modelo económico nuevo y de progreso y una economía más productiva no es suficiente, al contrario de lo que defienden los neoliberales, con la actuación del mercado. Esta tiene indudables limitaciones. Puede asignar eficientemente recursos a corto plazo en función de la oferta y la demanda, pero es ciego a largo plazo. Ese es papel del Estado y debemos utilizarlo sabiamente, desde la política, como hacen los países de nuestro entorno.

Para el proyecto que representamos es fundamental desarrollar todo un conjunto de dimensiones del sector público en favor de una economía más dinámica, eficiente y productiva. Aparte de su papel regulador, el Estado debe tener un papel importante en el desarrollo de sectores estratégicos e innovadores aprovechando las oportunidades a largo plazo con capital público y promoviendo actividades empresariales públicas y privadas. Para lo cual ha de disponer de una banca pública de inversión. Y ello debe hacerse en el marco de una política industrial y de ordenación y transformación de sectores mucho más moderna y potente que la actual.

Asimismo, se debe regular mucho mejor la contratación pública, impidiendo abusos en la misma e incluyendo objetivos industrialmente necesarios. Los servicios públicos y las Administraciones han de ser eficientes en su gestión, al tiempo que pueden promover la actividad económica y la eficiencia del sector privado.

La estrategia del PP para crear empleo es paradigmática del enfoque de la derecha: una combinación de precarización del empleo a través de todas las fórmulas posibles derivada de sus reformas laborales, devaluación de los salarios, y subvenciones a las empresas para abaratar los costes de los nuevos contratos. Los resultados están a la vista. El exponencial hundimiento de la calidad del empleo, extensión de los salarios de pobreza, inestabilidad y fraude laboral generalizados.

Pero, además es una estrategia sin futuro. Es pan para hoy y hambre para mañana. A corto plazo, aumenta la elasticidad del empleo respecto al PIB (que ya era la más elevada de Europa) como reflejo precisamente de la precarización del mismo, pero a medio plazo la fragilidad de este empleo es tan intensa que se lo llevará el primer viento de debilidad económica que aparezca en el horizonte, y en términos netos el empleo apenas habrá aumentado.

Esta es una clara línea divisoria entre la derecha y la izquierda. Mejor empleo y más duradero. Una estrategia con tres elementos: 1) mantener y reforzar el crecimiento económico y cambiar el modelo productivo en sentido contrario, hacia calidad, valor añadido y productividad, 2) sustituir las normas laborales que han precarizado el empleo, y 3) reemplazar las subvenciones a los contratos laborales por políticas de empleo que reduzcan el paro de larga duración.

porque estos ámbitos son claves para el desarrollo económico, la generación de empleo, la estructuración del territorio, la fijación de población y la preservación de nuestros recursos naturales. Hay que priorizar medidas para prestigiar estas actividades, favorecer su competitividad y una distribución más justa de las rentas en su cadena de valor.

IV Una fiscalidad suficiente y progresista.

Porque el esfuerzo de reducción del déficit durante los últimos años ha sido repartido de forma desequilibrada. En los últimos años, España ha realizado un enorme esfuerzo de consolidación fiscal que le ha permitido reducir el déficit desde el 11% en 2009 hasta cerca del 4,6% en 2016. Pero esta reducción ha descansado excesivamente sobre recortes de gasto. Al mismo tiempo, los ingresos tributarios han sido insuficientes. Además, el sistema tributario no ha sido capaz de redistribuir rentas y riqueza de forma sustancial, de forma que no ha paliado el aumento de la desigualdad provocado por la crisis.

La reducción del déficit y sostenibilidad del Estado del Bienestar pasa inexorablemente por aumentar los ingresos públicos en España hasta acercarlos a los niveles europeos. Los ingresos públicos de España son 8,4 puntos de PIB inferiores al promedio del área euro, mientras los gastos son 5,3 puntos inferiores. Además, durante esta crisis la brecha de ingresos con Europa ha aumentado.

España tiene que abordar el problema de la insuficiencia de ingresos públicos y acercarse a los niveles de la Zona Euro. Por tanto, nuestro compromiso firme es no llevar a cabo ni un recorte más, sino llevar a cabo una reforma fiscal integral que aumente la recaudación. En general, el sistema fiscal español descansa excesivamente sobre la tributación de la renta anual y del factor trabajo, por lo que se requieren reformas que desplacen parte de la carga tributaria hacia la riqueza y el uso de recursos naturales finitos, mejorando la progresividad y equidad tanto vertical como horizontal del sistema.

Se trata de cerrar las lagunas actuales del impuesto sobre patrimonio y de ir asemejando el impuesto sobre las rentas de capital a la imposición sobre el trabajo. Diseñaremos la tributación de la riqueza de forma que incentive la creación de riqueza y empleo. Recuperaremos la tributación de las herencias, pero diseñándola de forma que no penalice a las clases medias, sino que grave verdaderamente la transmisión generacional de grandes patrimonios, origen de la verdadera desigualdad de la riqueza. Y acabaremos con el dumping fiscal en el Impuesto de Patrimonio de comunidades como Madrid. Asimismo, el IBI debe dotarse de mayor progresividad. No tiene sentido y es profundamente injusto que este impuesto no tenga un carácter más marcadamente progresivo.

La reforma de las principales figuras tributarias no debe realizarse mediante subidas de tipos impositivos que gravarán más a la clase media trabajadora. Deben evaluarse la multitud de deducciones y bonificaciones, que suponen la friolera de 37.000 millones de gasto fiscal, a menudo un caldo de cultivo para la elusión fiscal, y eliminarse aquellas más regresivas o que se compruebe que no cumplen con el objetivo de política económica para el que se diseñaron.

En particular, la Fiscalidad Verde debe ocupar un espacio mucho más importante de nuestro sistema fiscal, actualmente de los más bajos de la Unión Europea. Nuestro modelo sería un Impuesto al Carbono como el que ha aprobado recientemente el Primer Ministro Trudeau en Canadá.

En España las grandes compañías pagan tipos efectivos de este impuesto notablemente más bajos que las pequeñas y medianas empresas, lo que reduce la recaudación y debilita la equidad horizontal del sistema tributario. Las últimas medidas del gobierno han acercado los tipos efectivos a los nominales, pero no dejan de ser parches temporales y enjuagues contables.

Por tanto, se requiere una reforma más estructural del impuesto sobre sociedades, que lo haga más atractivo a la inversión y a la internacionalización, y que esté en línea con las tendencias internacionales, para proteger las bases imponibles generadas en España, simplificar el impuesto, mejorar su transparencia y disminuir su litigiosidad, así como eliminar privilegios hacia las grandes empresas y apostar por incentivos que estimulen el incremento de la dimensión de las empresas. Así mismo, estudiaremos el establecimiento de un impuesto al sistema financiero, en línea con lo que han hecho otros países de nuestro entorno, para que pague una parte de los costes del rescate financiero y desincentive el excesivo endeudamiento de las entidades.

Se calcula que en España, el erario público deja de recaudar entre 50 y 70.000 millones al año debido al fraude fiscal. El fraude fiscal no solo detrae enormes recursos de las arcas públicas, sino que tiene un impacto en la desigualdad creciente de nuestra sociedad, ya que no todos los ciudadanos tienen el mismo comportamiento cívico ni las mismas posibilidades de eludir los controles, o entre las empresas, donde el tamaño y la complejidad de sus estructuras son decisivos. Corregir el fraude fiscal, por tanto, es corregir también la desigualdad. Desgraciadamente en España, en los últimos años en lugar de combatir sin cuartel el fraude y la evasión fiscal se han aprobado amnistías fiscales vergonzantes al tiempo que se llevaban a cabo enormes recortes de gasto social. Impulsaremos un gran Plan de lucha contra el fraude y la evasión fiscal, también contra la economía sumergida, que deberá tener al menos tres grandes pilares:

  • Incremento de recursos humanos y materiales dedicados a perseguir el fraude hasta alcanzar niveles comparables a los de los países europeos más avanzados.
  • Medidas normativas, organizativas y operativas que endurezcan las penas para los defraudadores y conviertan a la administración española en una administración, más eficaz, eficiente e independiente, de referencia internacional en la persecución del fraude y la economía sumergida.
  • Liderazgo político para la mejor coordinación y la mayor ambición de planteamientos en la esfera de la lucha contra el fraude internacional.

La reforma fiscal debe ir acompañada de cambios en el marco normativo e institucional para recuperar la credibilidad internacional tan debilitada con el gobierno del PP y garantizar así la sostenibilidad de las cuentas públicas. Es esencial por tanto, acometer cambios en el marco normativo e institucional para recuperar la credibilidad y garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Entre otros, es absolutamente necesario reforzar la independencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, cuestionada permanentemente por el gobierno, reformar la regla de gasto para que actúe como un verdadero instrumento de estabilización anti cíclico, incorporar mayor transparencia en las decisiones sobre el reparto del déficit y modificar los mecanismos preventivos y correctivos de la Ley de Estabilidad.

La necesidad urgente y prioritaria de elevar los ingresos del Estado no debe impedirnos hablar de gasto. La difícil situación fiscal de nuestras cuentas públicas obliga a poner el foco en la eficiencia del gasto público, para que cada euro gastado se dirija a obtener la máxima rentabilidad social posible, eliminando ineficiencias y duplicidades. La legitimidad para recaudar impuestos depende de que la ciudadanía compruebe que el gasto público se emplea de forma eficiente. Por eso, defendemos la necesidad de introducir, como ya hacen en otros países, nuevos instrumentos de gestión del gasto, así como extender la revisión de gasto y la evaluación de políticas y programas públicos para mejorar la eficacia, el impacto y la rentabilidad del gasto público en todas las administraciones públicas.

V Por un desarrollo sostenible.

elevando los derechos ambientales al rango de derechos constitucionales de primer orden, y protegiendo los recursos naturales de la privatización, la destrucción y la degradación propias de una economía anti-ecológica.

desde la producción y el transporte hasta la distribución, la utilización y el fin de vida. El desarrollo de este concepto requiere de políticas enfocadas al vertido cero, el reciclaje, la reducción de los residuos y el ecodiseño de bienes y servicios.

estableciendo estrategias y recursos conducentes al cumplimiento de los objetivos acordados en Naciones Unidas y en los acuerdo recientes de París: reducir las emisiones de CO2 más de un 40% sobre el nivel de 1990 (2030) y no superar las 1,7 toneladas de CO2 per cápita (2050).

y la potenciación de las interconexiones eléctricas, la generación distribuida y el autoconsumo. Asimismo, perseguiremos un mercado energético transparente que abarate el acceso a empresas y familias, y que combata con eficacia la pobreza energética. Para alcanzar este último fin, los consumidores vulnerables han de contar con una tarifa social en función de sus ingresos, al margen del mercado. También es preciso eliminar el llamado impuesto al sol. Por otra parte, nos oponemos a la reapertura de la central nuclear de Garoña, y apostamos por el consumo de carbón nacional.

Apostamos por una gestión eficiente, responsable y sostenible de nuestro patrimonio natural, capaz de integrar el valor natural en todas las políticas públicas.

VI Por un modelo social justo

ha de ser un pacto social, además de institucional; debe suponer la derogación de la LOMCE, una ley regresiva y segregadora; ha de comprometer un horizonte de financiación suficiente y tiene que basarse en la aplicación de dos binomios, equidad-excelencia e inclusión-diversidad.

para todos los españoles y españolas con dificultades económicas para afrontar los precios públicos. La igualdad de oportunidades se garantizará también con la oferta educativa pública universal entre los 0 y los 18 años. Y promoveremos que el Estado garantice la gratuidad de los libros de texto para toda la etapa obligatoria.

Plantearemos en el Parlamento el compromiso de situar a nuestro país en la media de gasto sobre PIB de los países del euro para la FP, para aumentar el catálogo de estudios, la oferta de plazas, el número de profesores y los recursos tecnológicos precisos para la mejor calidad educativa.

En el acervo formativo de los estudiantes debe aparecer, no obstante, la enseñanza del hecho religioso y, desde luego, hemos de recuperar la Educación para la Ciudadanía, a fin de promover los valores constitucionales y los derechos humanos.

y para que se respete la red de centros concertados con un papel importante pero subsidiario. A partir de la planificación general de la enseñanza, habrá que ajustar los actuales conciertos a las necesidades del sistema educativo y no conceder nuevos conciertos donde haya plazas públicas suficientes.

mejorando su financiación básica, reduciendo los precios públicos de acceso, aumentando las becas hasta eliminar el obstáculo de la dificultad económica de partida, e impulsando la internacionalización de sus actividades.

en cumplimiento del programa europeo Horizonte 2020 y para que nuestro país se incorpore definitivamente al sistema de ciencia en la Unión Europea.

recuperando el principio de la sanidad universal, haciéndola igual para toda la ciudadanía y para todos los residentes en España, y reduciendo progresivamente los copagos sanitarios, comenzando por los pensionistas y las personas con rentas bajas.

que regule sus derechos de acceso a información sobre opciones e innovaciones terapéuticas, a planes de cuidados considerando condiciones personales, a programas que fomenten el envejecimiento saludable, y a servicios y políticas públicas que promuevan los hábitos de vida sana y el medio ambiente protegido.

avanzando en las buenas prácticas sanitarias para el proceso final de la vida y promoviendo las normas que así lo aseguren.

y propondrá una Ley Estatal Marco en Servicios Sociales que unifique criterios de acceso, equiparación de derechos y catálogo de servicios común para todos los españoles, estableciendo una red de proximidad con una ratio de profesionales mínima de 1 por cada 4.000 habitantes.

que combata con eficacia la pobreza y la exclusión social, vinculado a un necesario Pacto de Estado por la Infancia que blinde las políticas públicas destinadas a la educación, la inclusión y el desarrollo digno de todos los menores. Los socialistas propondremos en el Parlamento Europeo el establecimiento de un Ingreso Mínimo contra la pobreza en toda la UE, financiado con los ingresos previstos con la aplicación de la Tasa Tobin.

revertiendo los recortes aplicados por el PP, garantizando la aportación estatal debida, incluyendo a los cuidadores familiares en la Seguridad Social con cargo al Estado, y recuperando la intensidad de los servicios y la cuantía original de las prestaciones.

y, por tanto, si contiene la derogación del índice de revalorización limitada y el factor de sostenibilidad que el PP impuso en su reforma de 2013.

VII Por la unidad y la solidaridad federal

que reconoce las singularidades territoriales como expresión de la diversidad que nos enriquece, que promueve la unidad en igualdad de derechos, y que proclama la solidaridad entre personas y territorios. Nuestra referencia sigue siendo el consenso de Granada, donde se define a España como la casa común de toda la ciudadanía española, un espacio de libertad y progreso. La unidad del conjunto de la sociedad española es la expresión de la solidaridad ciudadana entre todos y todas, independientemente del lugar de nacimiento o residencia.

El concepto de la federación no insta a la separación sino a la solidaridad y a la unidad federal, desde el diálogo, la negociación y el entendimiento. Lo federal es la convicción de que nos une a todos unos retos comunes de futuro, y que desde la unidad federal se pueden afrontar esos retos con mejores garantías de éxito. La unidad federal promueve el ejercicio compartido del poder, entre la administración federal y las distintas administraciones territoriales, en un marco regulado de cooperación leal y eficiente.

  1. Es preciso salir del modo conflicto en el escenario del desafío secesionista, para incorporar a todos los actores implicados al modo solución. Porque hay un riesgo serio de fractura social y ruptura democrática. Y la solución pasa porque unos entiendan que el llamado problema catalán es, en realidad, un problema de todos los españoles. Mientras que otros deben entender también que la ley no lo es todo en democracia, pero que sin la ley no hay sistema democrático. Y unos y otros han de saber que no hay una sola Cataluña, como no hay una sola España, y que nadie tiene derecho a arrogarse la representación total de una u otra.

El conflicto es doble, de identidades y de instituciones. La solución para el primero está en el reconocimiento de las identidades diversas, compatibles y compartidas. Cada cual está en su derecho para sentirse catalán, español y europeo en el orden y en la proporción que considere libremente, sin que nadie pueda imponer orden o proporción algunas.

La solución al segundo está en la reforma constitucional en clave federal, reconociendo singularidades; definiendo un nuevo marco competencial mucho más claro; estableciendo un sistema de financiación suficiente, estable y corresponsable; y asignando al Senado la función clave del encuentro y la cooperación federal. Esta solución requiere un doble refrendo por parte de la sociedad catalana, que votará junto al resto de los españoles la reforma de la Carta Magna, y que votará además la imprescindible adaptación del Estatuto de Autonomía al nuevo marco institucional.

Resulta imprescindible que se definan de una manera clara las competencias de cada ámbito de representación y de gestión. Mantener de manera permanente el conflicto y la litigiosidad jurídica genera tensiones, desconfianzas e ineficiencias crecientes. Hay que delimitar las competencias que ha de asumir el Estado en defensa de los derechos y las libertades comunes, y hay que derivar responsablemente a las administraciones autonómicas y locales el resto. Por otra parte, las administraciones territoriales deben asumir que forman parte de un Estado común, y que les compete responsablemente la buena marcha del conjunto. Pero para ello es necesario también que se arbitren estructuras e instituciones en las que los poderes de los territorios puedan participar en las decisiones fundamentales que afectan al conjunto de ciudadanos del Estado.

De una vez por todas es necesario cerrar el modelo autonómico con un Senado territorial real y efectivo. El Senado debe ser el lugar de encuentro entre territorios. Debe ser el lugar donde se acuerdan las políticas comunes que afectan a las competencias de los territorios. La cámara alta como cámara de segunda lectura no tiene sentido. El Senado debe asumir un formato, un modo de funcionamiento y unas atribuciones reales que contribuyan a definir y acordar las cuestiones que afectan a las competencias territoriales.

La política territorial socialista debe incorporar como objetivo material la lucha contra la desigualdad territorial. La lucha contra la desigualdad es el gran principio que los progresistas nunca debiéramos olvidar. Un principio que debe guiar los objetivos, tanto de la federación como de cada uno de territorios.

Defendemos la revisión de los sistemas de financiación autonómica y local para garantizar la suficiencia, la autonomía y la equidad. Debemos aumentar la corresponsabilidad fiscal de los territorios, reducir las desigualdades de financiación y dar mayor transparencia al sistema. La mejora de la financiación autonómica debe ir unida a la reforma fiscal que preconizamos. Una adecuada financiación autonómica es la mejor garantía para los servicios fundamentales del Estado de Bienestar.

En cuanto a las administraciones locales es necesario modernizar aquellos tributos locales que han quedado obsoletos y buscar mecanismos para mejorar la equidad en la financiación de los municipios. Y ha llegado la hora de facilitar, con las reformas precisas de la normativa de estabilidad, que los ayuntamientos solventes puedan utilizar sus ahorros y endeudarse responsablemente con el fin de realizar inversiones.

Cada territorio es el resultado de una experiencia histórica. Cada territorio tiene sus propias particularidades y diferencias. Diferentes son los problemas de unos y de otros. Diferentes son los retos concretos de cada uno. Y el reconocimiento de esa diversidad nos compete a todos porque a todos enriquece. Ahora bien, la reforma federal que preconizamos ha de garantizar a toda la ciudadanía de España los mismos derechos civiles y políticos, así como el derecho de participación en los asuntos públicos comunes. Y todos los territorios deberán cumplir con una carta común de servicios públicos y sociales garantizados.

En el siglo XXI no existen sociedades homogéneas con una única forma de entender la identidad. Defendemos sociedades abiertas y mixtas, con identidades libres y compartidas. En aquellos territorios en los que haya ciudadanos y ciudadanas que manifiesten diferentes formas de entender la identidad, se deberá garantizar la libre elección de identidades. El autogobierno debe ser, en este sentido, una herramienta institucional para gestionar la diversidad identitaria interna. La defensa del autogobierno territorial incluye la defensa de la igualdad de derechos de ciudadanía dentro de la misma comunidad, sin que la asunción de una u otra forma de identidad pueda suponer discriminación alguna, en lo político, en lo económico o en lo social.

y, en consecuencia, insistirá en la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impuesta por el PP en su estrategia de recortar la autonomía local y sus márgenes financieros para atender los servicios de proximidad. En su lugar, proponemos la elaboración de una nueva Ley de Bases de Régimen Local, consensuada en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

(consensuada también en el seno de la FEMP) que permita una financiación suficiente, estable y justa para los Ayuntamientos en el desarrollo de sus competencias. Se plantea también: negociar la participación local en los ingresos autonómicos; ampliar la autonomía local en la utilización de sus superávits; la renegociación de los cálculos para establecer el “techo de gasto” y la llamada “regla de gasto”; un plan de refinanciación de la deuda de los Ayuntamientos en crisis estructural; negociar con el Gobierno la adecuación del impuesto “de plusvalías” a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, sin pérdida de ingresos para las arcas municipales; y acabar con las tasas de reposición limitativas para el personal público.

dirigido a proporcionar nuevas oportunidades de desarrollo y garantía de servicios públicos adecuados en el ámbito rural.

VIII Por una democracia con más calidad

como la garantía fundamental para los derechos y las libertades de los españoles y las españolas. Pero también somos conscientes de que nuestras instituciones y procedimientos democráticos requieren de una modernización a fondo, para hacerlas más abierta, transparentes y participativas.

Las demandas y el interés de la ciudadanía por la información veraz, la dación de cuentas y la participación activa en los asuntos públicos cambian y aumentan, y la respuesta de lo público debe adaptarse con valentía a estos cambios. Las reformas pendientes en este ámbito tienen que ver con el sistema electoral, con la apertura y el desbloqueo de las candidaturas en el nivel local y suprimir el voto rogado para los residentes españoles en el exterior. Tienen que ver con el propio ejercicio de la política, limitando los aforamientos, asegurando la transparencia en los intereses y conductas de los cargos públicos. Tienen que ver con la evitación de las puertas giratorias abusivas. Y, desde luego, apostamos por derogar la llamada “ley mordaza”.

así como la limitación de discrecionalidad para otorgar contratos públicos. Tiene que ver con el reforzamiento de las herramientas de inspección y persecución de los delitos de corrupción. Y tiene que ver también con la mejora de los cauces de acceso a la información pública transparente y de participación en los asuntos de interés colectivo para toda la ciudadanía. Se llama política abierta, gobierno abierto, parlamento abierto. Y debe ser seña de identidad de los socialistas.

por iniciativa del Lendakari Patxi López bajo el nombre de IREKIA. Esta herramienta ha sido puesta en multitud de foros internacionales como ejemplo de buena gobernanza, en aplicación de los principios de transparencia, participación y colaboración ciudadana.

Clásicamente, la labor de control y de intermediación entre el poder y la ciudadanía ha sido una labor de los medios de comunicación. No se trata de renunciar a esta labor, al contrario se debe garantizar la libertad de prensa y fomentar la independencia de los medios de comunicación. No obstante, la evolución tecnológica permite ahora también que sea el ciudadano o la ciudadana, a título individual o a través de entidades asociativas, quienes puedan vigilar y controlar la actividad de los poderes públicos.

 

tanto en la elaboración de la diferente normativa como en la documentación que produce. Especialmente cuidará de su lenguaje en lo relativo a: los documentos de información directa a la ciudadanía; las notificaciones administrativas; los formularios que debe cumplimentar los ciudadanos y ciudadanas; y en general cualquier documento dirigido con carácter general a la ciudadanía.

La superposición de diferentes procedimientos no constituye una mayor garantía en la preservación de los derechos de ciudadanía. Antes al contrario, están produciendo mayores ámbitos de opacidad, parcialidad e indefensión ciudadana. Por ello, una de las tareas más relevantes a realizar por una administración con vocación de transparencia es la de simplificar los procedimientos, hacerlos comprensibles para la ciudadanía; entendiendo la transparencia y la publicidad de todos los documentos como un forma de control público y garantía contra toda forma de arbitrariedad.

En consecuencia, promoveremos la utilización de los medios tecnológicos disponibles para que las personas, las empresas e instituciones puedan acceder de forma directa y anónima a la mayor parte de la información relevante.

 

que dejarán “en abierto” para puedan ser utilizadas por empresas, medios de comunicación y colectivos ciudadanos de forma gratuita y anónima. Hay que fomentar el periodismo de datos, así como el análisis y evaluación permanente de la actividad pública por entidades de la sociedad civil y especialmente por departamentos de investigación de las universidades.

Cuando haya información a la que no se pueda acceder con los portales y herramientas que ofrecen las administraciones públicas, las empresas, entidades o particulares deben poder solicitar de forma directa la información solicitada, sin necesidad de motivación particular, y las administraciones públicas debe tener la ofrecerla, salvo en los casos que atente la la privacidad de las personas o los casos establecidos de forma legal.

La administración pública es en la actualidad depositaria de una ingente cantidad de información que tiene interés para terceros, por interés científico, comercial o divulgativo. La administración pública deberá crear un sito Open Data donde los interesados puedan encontrar esta información. Los soportes de la información deberán cumplir los siguientes requisitos: neutralidad tecnológica; formatos de uso general; y posibilidad de reutilización automática.

ante las Cortes Generales y el conjunto de la sociedad española, incluyendo nuevas medidas garantistas de prevención, de control y de represión. La transparencia y la limpieza de la vida pública constituyen un principio moral y político básico en la acción política de los socialistas.

IX Renovemos el pacto constitucional

La Constitución vigente debe considerarse como un logro histórico de la sociedad española, que ha servido para conquistar derechos y libertades como nunca antes. Casi cuarenta después de su aprobación por la ciudadanía española cabe establecer un nuevo consenso social y político para perfeccionar su contenido y alcanzar nuevas metas de progreso colectivo

La Constitución fue aprobada antes de nuestro ingreso en la Unión Europea. Hoy no podemos prescindir de nuestra pertenencia a la Unión en la Constitución. No se trata sólo de afirmar nuestra presencia en la Unión. Se trata de incorporar a nuestra Constitución la voluntad firme de defender la Unión Europea y apostar por su integración progresiva.

Seguimos anclados en la desigualdad de género. A pesar de los avances producidos en el reconocimiento formal de iguales derechos, hoy se mantienen ámbitos graves y evidentes de desigualdad real. Además, la violencia machista amenaza la vida y la seguridad jurídica de muchas mujeres, por el simple hecho de serlo. Las políticas públicas de igualdad son imprescindibles, pero no bastan. La actual protección constitucional de la igualdad y la no discriminación por razón de género puede reforzarse, con un mandato más específico y firme a los poderes públicos para proteger los derechos y la integridad de las mujeres.

Los derechos sociales no pueden ser derechos de segunda categoría. La Constitución debe ser el baluarte seguro para garantizar el Estado de Bienestar y los derechos sociales. La Carta Magna debe incorporarlos como un mandato constitucional para todos los poderes públicos. Se deben calificar como derechos fundamentales el derecho a la salud, el derecho a la protección por parte de la Seguridad Social y el derecho de la negociación colectiva.

X El derecho a la cultura.

Como tal, defendemos que los poderes públicos tienen la obligación de salvaguardar y proteger los mencionados derechos, el de los ciudadanos en general y el de los creadores en particular. La cultura constituye también uno de los sectores de oportunidad de desarrollo más dinámicos e importantes de nuestro país. Entendemos la cultura desde una doble dimensión: como recurso y como derecho. Proponemos, en consecuencia, la recuperación del Ministerio de Cultura, el establecimiento de un Estatuto del Creador y del Artista, y la rebaja del IVA cultural.

Su historia, su patrimonio, su creación artística, su literatura, disponer de una lengua hablada por más de 559 millones de ciudadanos atestiguan esta riqueza que se ve incrementada por la pluralidad y diversidad de lenguas y culturas que conviven en ese espacio común denominado España. Esta diversidad cultural y lingüística es un patrimonio común que debe ser protegido, promovido y difundido. La pluralidad es una oportunidad, nunca una amenaza.

En el ámbito de la cultura, esta igualdad no será plena hasta que el sistema educativo en su tramo obligatorio no incorpore la educación artística y cultural en sus programas. Además, la educación artística y cultural tiene que ser un objetivo de las políticas culturales y educativas con el objetivo de tener los profesionales de la cultura mejor formados posibles.

XI Avancemos en laicidad

Para los socialistas, laicidad es libertad de conciencia individual, respeto a las expresiones públicas legales, y autonomía total de la política y del Estado. Desde 1978 se ha avanzado mucho, pero aún quedan resquicios que permiten tachar a nuestra sociedad como propia de una laicidad imperfecta. Hay que denunciar los Acuerdos con el Vaticano para acabar con los privilegios injustificados.

Hemos de sacar el adoctrinamiento religioso del currículum educativo evaluable y del horario escolar. Y hay que dar un impulso decidido a la autofinanciación religiosa, sin privilegio fiscal alguno. ¿A qué ritmo? Al que vaya aconsejando la madurez paulatina de una sociedad que se seculariza con rapidez. ¿Cómo? Desde el diálogo, el respeto y el mayor acuerdo posible.

XII El derecho a la no discriminación.

El compromiso de los socialistas con la igualdad es fundamental, pero no sólo luchamos por la igualdad de derechos, sino que nos comprometemos del mismo modo con la erradicación de la discriminación. España ha sido un país pionero en la lucha de los derechos de la comunidad LGTBI, pero sin embargo, vemos como cada semana se producen nuevas agresiones LGTBIfóbicas o graves episodios de discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género. Mientras no se respeten los derechos de las minorías seguiremos luchando por buscar y encontrar esa igualdad completa que pasa, no sólo por reconocer los derechos inherentes a todo ser humano, sino también por asegurar la no discriminación.

la formación a través del sistema educativo en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como en la temática de la diversidad sexual y familiar existente; incorporación en todos los niveles educativos de educación sexual donde se incorpore la formación sobre los derechos sexuales y reproductivos, así como la inclusión de la diversidad sexual y familiar existente; garantizar el acceso a la reproducción asistida dentro del sistema sanitario público a todas las personas con independencia de su estado civil u orientación sexual; adoptar medidas para; facilitar el acceso a la adopción nacional a parejas LGTBI, así como solucionar los problemas de filiación social de las familias LGTBI; luchar contra la violencia intrafamiliar en las parejas del mismo sexo; realizar programas de atención y apoyo a la población anciana y dependiente LGBTI.

Para garantizar un servicio público de calidad propondremos una reforma legal que intentaremos acordar con el resto de fuerzas políticas en forma de Pacto de Estado, y que incluya: desgubernamentalizar RTVE con la vuelta a las mayorías reforzadas para la elección del Consejo de Administración; garantizar una financiación suficiente; garantizar los contenidos de servicio público mediante la renovación del mandato marco; poner en marcha el contrato programa; y potenciar RTVE internacional.

XIII La igualdad entre mujeres y hombres es nuestra bandera

que reconozca a niños y niñas en su diversidad, que forme en el establecimiento de relaciones igualitarias, y que incluya el reconocimiento de derechos de ciudadanía iguales para mujeres y hombres.

y, en consecuencia, propondrá que las mujeres jóvenes recuperen el derecho a interrumpir su embarazo de forma voluntaria, y promoverá la Ley Integral contra la trata de personas con fines de explotación sexual.

impulsando definitivamente la Ley de Igualdad Salarial y subrayando en su propuesta de nuevo Estatuto de los Trabajadores las modificaciones tendentes a acabar con la excesiva temporalidad, precariedad y pobreza laboral de las mujeres.

promoviendo un reforzamiento de las políticas y servicios públicos de apoyo a las familias (más escuelas infantiles, baja de maternidad/paternidad iguales e intransferibles, recursos para aplicar la ley de atención a personas en situación de dependencia, beneficios laborales para tareas de cuidado, estrategias de conciliación en las empresas), así como las campañas de sensibilización social sobre el reparto equitativo de las tareas domésticas y de cuidado.

XIV Los jóvenes tienen derecho a un proyecto vital propio.

a partir de tres pilares: el fomento de oportunidades de buenos empleos, las políticas de acceso a una vivienda asequible, y la política de formación pública y de calidad a lo largo de la vida.

En materia de empleo, la Estrategia incluirá: un plan contra el desempleo juvenil, a partir de los recursos mal utilizados en la llamada “garantía juvenil”; un plan para el retorno del talento exiliado y para evitar la salida de más jóvenes cualificados; un Erasmus laboral en Europa; un Estatuto del Becario que garantice un salario mínimo y prohíba las prácticas no remuneradas; un plan contra la explotación laboral que incluya un refuerzo de la inspección de trabajo en este ámbito; un plan de apoyo a emprendedores jóvenes con préstamos públicos; y nuevos incentivos para la contratación laboral de jóvenes.

  • En materia de vivienda, la Estrategia incluirá: el derecho subjetivo a acceder a una vivienda digna a un precio asequible; y el establecimiento de un parque público de viviendas sociales en alquiler para jóvenes que no puedan acceder al mercado privado, mediante una acción coordinada por el conjunto de las administraciones públicas.

la derogación de la LOMCE; una financiación educativa acorde con los objetivos de calidad y equidad; una oferta pública de educación de calidad a lo largo de la vida; fomento del trilingüismo, incluyendo la enseñanza de las lenguas cooficiales en nuestro país; adaptación de los planes de estudio a la nueva realidad tecnológica; impulso a la Formación Profesional mejorando oferta de títulos, plazas y recursos técnicos; mejora de la orientación para los decidir itinerarios formativos más adecuados; estímulo y ayudas a la internacionalización educativa, con ampliación del programa Erasmus+ a los 16 años; y programas de educación no formal y para el voluntariado.

XV Una apuesta clara por la mejor integración europea

situar a nuestro país en el liderazgo de los esfuerzos para intensificar la integración europea; renovar los puentes con América Latina; contribuir al proceso de los objetivos globales de desarrollo sostenible de cara al año 2030; reactivar la Unión por el Mediterráneo; y fortalecer las políticas de multilateralidad frente a los riesgos hegemonistas y proteccionistas.

mediante una construcción federal. En el vigente contexto de amenaza regresiva y re-nacionalizadora, planteamos la necesidad de que Europa avance a varias velocidades, con una España incorporada al primer grupo de colaboración reforzada para la Unión Económica, la Unión Fiscal, la Unión Social y la Unión en materia de Seguridad y Defensa.

que asegure derechos comunes en relación a la calidad de los empleos y a las remuneraciones dignas, y que evite los fenómenos del dumping y la deslocalización de empresas en búsqueda de costes laborales más baratos. En concreto, propondremos un Estatuto de los Trabajadores, un salario mínimo y un seguro de desempleo comunes para todos los europeos.

establecidos por los socialistas europeos en febrero de 2017, con motivo del 60 aniversario de la firma de Tratado de Roma. El primero de ellos es el de “Recuperar y fortalecer el discurso europeísta”, haciendo más fuertes los derechos y libertades que se derivan de la ciudadanía europea, construyendo un “demos europeo” y consolidando la integración, la cohesión y la legitimación democrática de la Unión.

promoviendo una política monetaria expansiva, flexibilizando el Pacto de Estabilidad, relanzando la inversión pública y culminando la Unión Bancaria. En el ámbito resulta muy importante la lucha contra la competencia fiscal desleal, la elusión y el fraude fiscal, creando una Agencia Tributaria Europea y redactando la lista europea de paraísos fiscales a erradicar.

para la que debe convocarse una cumbre europea con los sindicatos para acordar medidas orientadas a mejorar la calidad del trabajo y la protección social. En este sentido deberíamos perseguir una estrategia renovada de apoyo al empleo juvenil, la portabilidad garantizada de un conjunto de derechos y prestaciones sociales básicas y un marco europeo de rentas mínimas garantizadas.

cumpliendo el derecho internacional y el Tratado de Lisboa, que incluye la Carta de Derechos Fundamentales. Se trata de reforzar la diplomacia europea para prevenir y resolver conflictos, programas de cooperación con los países de origen, revisión solidaria de la regulación de los derechos de asilo y refugio, y poner en marcha una Estrategia Europea por la Multiculturalidad y la gestión de la diversidad.

con una apuesta común por la Unión Energética, la Agenda Digital Europea, un Espacio Único de Movilidad, y un esfuerzo suplementario en tecnología y en I+D+i, para liderar el mundo en energías limpias, en agricultura sostenible y en industria ambiental.

apoyando la competitividad del sector agroalimentario y pesquero, y favoreciendo la cohesión territorial en las zonas rurales.

aplicando la Carta de Derechos Fundamentales que entró en vigor de forma simultánea con el Tratado de Lisboa, y que establece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, si discriminación alguna por razón de género, raza, origen, religión, orientación sexual o discapacidad. Exigiremos en el mismo sentido el desbloqueo de la Directiva de Igualdad de Trato, paralizada por el Consejo desde hace años y en la que debe incluirse una política transversal en materia de discapacidad.

ante las amenazas del terrorismo yihadista y los problemas geopolíticos en el este, en Oriente Medio y en el norte de África. Los esfuerzos deben dirigirse a la creación de comunidades europeas de inteligencia, la coordinación policial y la creación de unidades militares europeas.

para ordenarla y regularla con una agenda progresista que normativice el comercio internacional, que controle los movimientos del capital financiero y, sobre todo, que haga efectiva la lucha contra el fraude, la evasión, la elusión y los paraísos fiscales.

porque la salida del Reino Unido obliga a definir una nueva Unión Europea. Los socialistas apostamos con una unión reforzada entre los miembros que tengan esa voluntad, porque creemos en una Europa unida políticamente, más allá del mercado común. Y creemos en una ciudadanía europea con derechos y objetivos comunes como base de un proyecto sólido de integración supranacional.

XVI Un partido más abierto, democrático y participativo

con planificación y apoyo federal para abrir oficinas institucionales, organizar campañas de activismo vecinal, celebrar consultas populares, programas actividades culturales, prestar servicios a la vecindad, ceder espacios a las entidades vecinales… Una Secretaría de Dinamización de Agrupaciones Locales, a escala federal y regional, y una Secretaría local de la Casa del Pueblo ayudarían en este propósito.

para que el conjunto de la militancia socialista pueda debatir, proponer y decidir con su voto en los órganos representativos sobre la evaluación de lo realizado y sobre los planes de futuro, a partir de un documento elaborado por la Comisión Ejecutiva Federal.

para cuestiones de especial relevancia, a partir de una propuesta planteada por el Comité Federal por mayoría o el 20% de la propia militancia. Las propuestas de acuerdos o coaliciones de Gobierno deberán someterse a estas consultas directas. A tal fin, tenemos que elaborar cuanto antes un nuevo Reglamento de Participación de la Militancia.

con una segunda vuelta en la que concurran los dos candidatos o candidatas más votados. El Secretario o Secretaria General elegido así solo podrá ser removido de su cargo antes de la finalización de su mandato por una cuestión de confianza, a propuesta del propio Secretario o Secretaria General, o por una moción de censura, a propuesta de la mayoría del Comité Federal.

para todos sus cargos y militancia, con el objetivo de mejorar las capacidades individuales y optimizar la eficacia del trabajo colectivo.

Los socialistas lideramos los esfuerzos para mejorar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad, pero aún hay mucho por hacer. Tenemos que aumentar la afiliación femenina en el Partido Socialista con el horizonte del 50%.

con programas conjuntos de actuación, con reuniones formales calendarizadas, con órganos conjuntos de seguimiento y evaluación, y con participación juvenil en todos los órganos formales e informales del Partido.

y abrirá un proceso participativo que culminará en la primavera de 2018 con una Conferencia Programática en la que se aprobará la propuesta socialista para la sociedad española en el horizonte electoral de 2020.

con el objetivo de que el debate entre los socialistas y de los socialistas con el resto de la sociedad española sea un debate respetuoso, positivo y útil para todos y todas.

aumentar la militancia, mejorar nuestra acción política en las grandes ciudades; promover nuestro trabajo específico en el ámbito rural; y actualizar nuestras capacidades y técnicas en materia de acción electoral.

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