elevando los derechos ambientales al rango de derechos constitucionales de primer orden, y protegiendo los recursos naturales de la privatización, la destrucción y la degradación propias de una economía anti-ecológica.

desde la producción y el transporte hasta la distribución, la utilización y el fin de vida. El desarrollo de este concepto requiere de políticas enfocadas al vertido cero, el reciclaje, la reducción de los residuos y el <em>ecodiseño</em> de bienes y servicios.

estableciendo estrategias y recursos conducentes al cumplimiento de los objetivos acordados en Naciones Unidas y en los acuerdo recientes de París: reducir las emisiones de CO2 más de un 40% sobre el nivel de 1990 (2030) y no superar las 1,7 toneladas de CO2 per cápita (2050).

y la potenciación de las interconexiones eléctricas, la generación distribuida y el autoconsumo. Asimismo, perseguiremos un mercado energético transparente que abarate el acceso a empresas y familias, y que combata con eficacia la pobreza energética. Para alcanzar este último fin, los consumidores vulnerables han de contar con una tarifa social en función de sus ingresos, al margen del mercado. También es preciso eliminar el llamado impuesto al sol. Por otra parte, nos oponemos a la reapertura de la central nuclear de Garoña, y apostamos por el consumo de carbón nacional.

Apostamos por una gestión eficiente, responsable y sostenible de nuestro patrimonio natural, capaz de integrar el valor natural en todas las políticas públicas.