Nuestro stock de capital tecnológico es casi cuarenta puntos inferior (al nivel cien de la UM), y el gasto en I+D no llega en proporción al PIB al 60% del suyo, y en el sector privado es incluso diez puntos más bajo. El diferencial tecnológico en consecuencia no está en vías de cerrarse.

La productividad total de los factores no solo no crece, sino que a lo largo de los últimos treinta años ha menguado diez puntos, lo que revela la pérdida de eficiencia de los sistemas públicos y privados que actúan en la economía. La productividad del trabajo es aparentemente similar al promedio UEM, pero nuestra tasa de empleo es diez puntos inferior. El diagnóstico es menos capital tecnológico y humano, y menor inversión. Menor empleo y productividad.

Habría que añadir a lo anterior un sistema educativo mejorable, la calamidad en el sistema científico y tecnológico, o en la formación profesional, los retrasos en el sistema organizativo de las empresas, la carencia de una política industrial moderna y útil, la raquítica dimensión medioambiental.

Hemos de hablar de unas relaciones laborales cuyos mejores indicadores son la devaluación de los salarios nominales, una de las inestabilidades en el empleo más altas de la Unión Europea, y unos sistemas de ajuste que han hecho que se registren más de cinco millones de despidos de trabajadores con contrato indefinido desde el inicio de la crisis. No hay otro mercado laboral tan deficiente y destructivo en nuestro entorno. Su incapacidad para distribuir equilibradamente renta y para articular armónicamente trabajo y actividad gerencial en la producción son proverbiales.

Cinco grandes ámbitos definen la forma en la queremos construir una economía más productiva: inversión para aumentar la productividad y la riqueza, un nuevo mercado laboral con racionalidad, para aprovechar el capital humano, unas empresas más modernas y participativas, mercados regulados y supervisados para asegurar la eficiencia económica, y un Estado dinamizador de la economía.

Necesitamos, en primer lugar, un importante esfuerzo inversor para elevar los niveles de productividad. La productividad de un país depende de los niveles de capital utilizados en la producción y de las técnicas empleadas. La política económica actual se caracteriza por la escasa inversión pública, lo que impide que seamos capaces de actuar para elevar nuestro umbral de crecimiento potencial.

Durante el largo ciclo de crecimiento sostenido, entre 1995 y 2007, la inversión pública se concentró en la creación de capital físico, de infraestructuras, olvidando en buena medida las dos dotaciones más estratégicas en el mundo de hoy: el capital humano y el tecnológico. El esfuerzo no fue inútil, claro que no, aunque no todo ese esfuerzo inversor estuvo realmente justificado ni desde la perspectiva económica ni en la social.

Se trata de que nadie quede condenado a un futuro incierto, de precariedad de rentas y casi nulas oportunidades. Pero, además, se trata de disponer de una fuerza de trabajo mucho mejor formada, en consecuencia, más flexible, con capacidad de adaptación a los cambios importantes que van a sufrir los procesos productivos. Se trata de hacer una política que sitúe el objetivo en el aprovechamiento del potencial humano del país.

Estamos ante uno de los grandes desafíos. Es un deber para un proyecto socialdemócrata. Pero es asimismo una necesidad económica. Nuestras posibilidades para obtener éxito en los cambios futuros, y para mantener y mejorar los niveles de vida, dependen de nuestra capacidad para formar a las personas que llegan y a las que están ya en el mercado laboral.

Para ello precisamos un nuevo, integrado, eficaz y mucho más potente sistema público de formación profesional a lo largo de toda la vida y para el conjunto de la población, sea cual sea su situación en el mercado laboral (estudiante, ocupado, desempleado, o con posibilidades de activación). Un verdadero sistema dual que reemplace el ineficiente e ineficaz sistema actual de formación para el empleo.

Todo lo cual requiere asimismo unos nuevos servicios públicos de empleo capaces de detectar las necesidades y potencialidades de las personas y de asignar recursos educativos y formativos creando oportunidades. Invertir en un sistema público de intermediación laboral. Los países más avanzados, esos que deben ser nuestro espejo, lo han hecho todos.

El complemento necesario del esfuerzo inversor del Estado en el desarrollo del capital humano tiene que ser el capital tecnológico. Las políticas realizadas no han resultado eficaces. La proporción de inversión privada en investigación y desarrollo continúa siendo muy baja en relación a la situación europea.

Hemos de impulsar lo básico y esencial: la ciencia. Si lo hacemos, si lo hacemos con intensidad y eficacia suficientes, y durante el tiempo necesario para que una actividad tan valiosa como lenta dé sus frutos, podemos desarrollar un potencial científico considerable. Y facilitar la forma de, seguidamente, llevar los resultados de la investigación al mercado. Hoy día alrededor de la investigación se mueve eso que se llama el espíritu emprendedor. El desarrollo de nuevas oportunidades. Tenemos que hacer de la ciencia una apuesta de país.

como una política de Estado, en alianza con los sectores económicos, los agentes sociales y la sociedad civil. Las medidas a adoptar serían: un desarrollo equilibrado de la infraestructura digital; un servicio adaptativo que garantice velocidades adecuadas a la ciudadanía, las empresas y las administraciones; una competencia entre proveedores que asegure precios asequibles y prevenga la exclusión digital; una legislación adecuada para proteger la privacidad y la seguridad digital; un plan educativo que provea de un catálogo adecuado de conocimientos digitales a toda la población; la garantía de internet abierto al conocimiento de todos, sin capacidad de control por unos pocos; un plan de financiación y <em>mentoring</em> para apoyar a empresas digitales en fase temprana; y el fomento de la administración pública digital.

Otra de las cuestiones que identifican un proyecto socialista es promover una eficiente e independiente regulación y supervisión de los mercados. Las posiciones dominantes de las empresas en determinados sectores mantienen capturados a reguladores y supervisores, apropiándose impropiamente de rentas en beneficio propio y en perjuicio del resto del sistema productivo y de los ciudadanos.

Es preciso revisar la regulación de tales sectores y disponer de órganos supervisores competentes, profesionales y transparentes, y con independencia total verificable de los lobbys y del poder Ejecutivo. Para ello, su vinculación y nombramientos deberán depender del Parlamento, al que darán cuentas y que podrá recusarles.

Para construir un modelo económico nuevo y de progreso y una economía más productiva no es suficiente, al contrario de lo que defienden los neoliberales, con la actuación del mercado. Esta tiene indudables limitaciones. Puede asignar eficientemente recursos a corto plazo en función de la oferta y la demanda, pero es ciego a largo plazo. Ese es papel del Estado y debemos utilizarlo sabiamente, desde la política, como hacen los países de nuestro entorno.

Para el proyecto que representamos es fundamental desarrollar todo un conjunto de dimensiones del sector público en favor de una economía más dinámica, eficiente y productiva. Aparte de su papel regulador, el Estado debe tener un papel importante en el desarrollo de sectores estratégicos e innovadores aprovechando las oportunidades a largo plazo con capital público y promoviendo actividades empresariales públicas y privadas. Para lo cual ha de disponer de una banca pública de inversión. Y ello debe hacerse en el marco de una política industrial y de ordenación y transformación de sectores mucho más moderna y potente que la actual.

Asimismo, se debe regular mucho mejor la contratación pública, impidiendo abusos en la misma e incluyendo objetivos industrialmente necesarios. Los servicios públicos y las Administraciones han de ser eficientes en su gestión, al tiempo que pueden promover la actividad económica y la eficiencia del sector privado.

La estrategia del PP para crear empleo es paradigmática del enfoque de la derecha: una combinación de precarización del empleo a través de todas las fórmulas posibles derivada de sus reformas laborales, devaluación de los salarios, y subvenciones a las empresas para abaratar los costes de los nuevos contratos. Los resultados están a la vista. El exponencial hundimiento de la calidad del empleo, extensión de los salarios de pobreza, inestabilidad y fraude laboral generalizados.

Pero, además es una estrategia sin futuro. Es pan para hoy y hambre para mañana. A corto plazo, aumenta la elasticidad del empleo respecto al PIB (que ya era la más elevada de Europa) como reflejo precisamente de la precarización del mismo, pero a medio plazo la fragilidad de este empleo es tan intensa que se lo llevará el primer viento de debilidad económica que aparezca en el horizonte, y en términos netos el empleo apenas habrá aumentado.

Esta es una clara línea divisoria entre la derecha y la izquierda. Mejor empleo y más duradero. Una estrategia con tres elementos: 1) mantener y reforzar el crecimiento económico y cambiar el modelo productivo en sentido contrario, hacia calidad, valor añadido y productividad, 2) sustituir las normas laborales que han precarizado el empleo, y 3) reemplazar las subvenciones a los contratos laborales por políticas de empleo que reduzcan el paro de larga duración.

porque estos ámbitos son claves para el desarrollo económico, la generación de empleo, la estructuración del territorio, la fijación de población y la preservación de nuestros recursos naturales. Hay que priorizar medidas para prestigiar estas actividades, favorecer su competitividad y una distribución más justa de las rentas en su cadena de valor.