Porque el esfuerzo de reducción del déficit durante los últimos años ha sido repartido de forma desequilibrada. En los últimos años, España ha realizado un enorme esfuerzo de consolidación fiscal que le ha permitido reducir el déficit desde el 11% en 2009 hasta cerca del 4,6% en 2016. Pero esta reducción ha descansado excesivamente sobre recortes de gasto. Al mismo tiempo, los ingresos tributarios han sido insuficientes. Además, el sistema tributario no ha sido capaz de redistribuir rentas y riqueza de forma sustancial, de forma que no ha paliado el aumento de la desigualdad provocado por la crisis.

La reducción del déficit y sostenibilidad del Estado del Bienestar pasa inexorablemente por aumentar los ingresos públicos en España hasta acercarlos a los niveles europeos. Los ingresos públicos de España son 8,4 puntos de PIB inferiores al promedio del área euro, mientras los gastos son 5,3 puntos inferiores. Además, durante esta crisis la brecha de ingresos con Europa ha aumentado.

España tiene que abordar el problema de la insuficiencia de ingresos públicos y acercarse a los niveles de la Zona Euro. Por tanto, nuestro compromiso firme es no llevar a cabo ni un recorte más, sino llevar a cabo una reforma fiscal integral que aumente la recaudación. En general, el sistema fiscal español descansa excesivamente sobre la tributación de la renta anual y del factor trabajo, por lo que se requieren reformas que desplacen parte de la carga tributaria hacia la riqueza y el uso de recursos naturales finitos, mejorando la progresividad y equidad tanto vertical como horizontal del sistema.

Se trata de cerrar las lagunas actuales del impuesto sobre patrimonio y de ir asemejando el impuesto sobre las rentas de capital a la imposición sobre el trabajo. Diseñaremos la tributación de la riqueza de forma que incentive la creación de riqueza y empleo. Recuperaremos la tributación de las herencias, pero diseñándola de forma que no penalice a las clases medias, sino que grave verdaderamente la transmisión generacional de grandes patrimonios, origen de la verdadera desigualdad de la riqueza. Y acabaremos con el <em>dumping</em> fiscal en el Impuesto de Patrimonio de comunidades como Madrid. Asimismo, el IBI debe dotarse de mayor progresividad. No tiene sentido y es profundamente injusto que este impuesto no tenga un carácter más marcadamente progresivo.

La reforma de las principales figuras tributarias no debe realizarse mediante subidas de tipos impositivos que gravarán más a la clase media trabajadora. Deben evaluarse la multitud de deducciones y bonificaciones, que suponen la friolera de 37.000 millones de gasto fiscal, a menudo un caldo de cultivo para la elusión fiscal, y eliminarse aquellas más regresivas o que se compruebe que no cumplen con el objetivo de política económica para el que se diseñaron.

En particular, la Fiscalidad Verde debe ocupar un espacio mucho más importante de nuestro sistema fiscal, actualmente de los más bajos de la Unión Europea. Nuestro modelo sería un Impuesto al Carbono como el que ha aprobado recientemente el Primer Ministro Trudeau en Canadá.

En España las grandes compañías pagan tipos efectivos de este impuesto notablemente más bajos que las pequeñas y medianas empresas, lo que reduce la recaudación y debilita la equidad horizontal del sistema tributario. Las últimas medidas del gobierno han acercado los tipos efectivos a los nominales, pero no dejan de ser parches temporales y enjuagues contables.

Por tanto, se requiere una reforma más estructural del impuesto sobre sociedades, que lo haga más atractivo a la inversión y a la internacionalización, y que esté en línea con las tendencias internacionales, para proteger las bases imponibles generadas en España, simplificar el impuesto, mejorar su transparencia y disminuir su litigiosidad, así como eliminar privilegios hacia las grandes empresas y apostar por incentivos que estimulen el incremento de la dimensión de las empresas. Así mismo, estudiaremos el establecimiento de un impuesto al sistema financiero, en línea con lo que han hecho otros países de nuestro entorno, para que pague una parte de los costes del rescate financiero y desincentive el excesivo endeudamiento de las entidades.

Se calcula que en España, el erario público deja de recaudar entre 50 y 70.000 millones al año debido al fraude fiscal. El fraude fiscal no solo detrae enormes recursos de las arcas públicas, sino que tiene un impacto en la desigualdad creciente de nuestra sociedad, ya que no todos los ciudadanos tienen el mismo comportamiento cívico ni las mismas posibilidades de eludir los controles, o entre las empresas, donde el tamaño y la complejidad de sus estructuras son decisivos. Corregir el fraude fiscal, por tanto, es corregir también la desigualdad. Desgraciadamente en España, en los últimos años en lugar de combatir sin cuartel el fraude y la evasión fiscal se han aprobado amnistías fiscales vergonzantes al tiempo que se llevaban a cabo enormes recortes de gasto social. <strong>Impulsaremos un gran Plan de lucha contra el fraude y la evasión fiscal</strong>, también contra la economía sumergida<strong>,</strong> que deberá tener al menos tres grandes pilares:
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<li>Incremento de recursos humanos y materiales dedicados a perseguir el fraude hasta alcanzar niveles comparables a los de los países europeos más avanzados.</li>
<li>Medidas normativas, organizativas y operativas que endurezcan las penas para los defraudadores y conviertan a la administración española en una administración, más eficaz, eficiente e independiente, de referencia internacional en la persecución del fraude y la economía sumergida.</li>
<li>Liderazgo político para la mejor coordinación y la mayor ambición de planteamientos en la esfera de la lucha contra el fraude internacional.</li>
</ul>

La reforma fiscal debe ir acompañada de cambios en el marco normativo e institucional para recuperar la credibilidad internacional tan debilitada con el gobierno del PP y garantizar así la sostenibilidad de las cuentas públicas. Es esencial por tanto, acometer cambios en el marco normativo e institucional para recuperar la credibilidad y garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Entre otros, es absolutamente necesario reforzar la independencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, cuestionada permanentemente por el gobierno, reformar la regla de gasto para que actúe como un verdadero instrumento de estabilización anti cíclico, incorporar mayor transparencia en las decisiones sobre el reparto del déficit y modificar los mecanismos preventivos y correctivos de la Ley de Estabilidad.

La necesidad urgente y prioritaria de elevar los ingresos del Estado no debe impedirnos hablar de gasto. La difícil situación fiscal de nuestras cuentas públicas obliga a poner el foco en la eficiencia del gasto público, para que cada euro gastado se dirija a obtener la máxima rentabilidad social posible, eliminando ineficiencias y duplicidades. La legitimidad para recaudar impuestos depende de que la ciudadanía compruebe que el gasto público se emplea de forma eficiente. Por eso, defendemos la necesidad de introducir, como ya hacen en otros países, nuevos instrumentos de gestión del gasto, así como extender la revisión de gasto y la evaluación de políticas y programas públicos para mejorar la eficacia, el impacto y la rentabilidad del gasto público en todas las administraciones públicas.